La central nuclear aún debería ejecutar inversiones millonarias antes de poder recibir el visto bueno del CSN para reabrir y Nuclenor aún no ha decidido si realizará estas costosas mejoras ante la posibilidad de que salga de Moncloa el PP y de que el nuevo Gobierno impida que la planta vuelva a funcionar.
Hace hoy justo un año Nuclenor presentaba ante el Ministerio de Industria su solicitud de reabrir la central nuclear de Garoña y ampliar su vida útil hasta 2031, cuando la planta cumplirá los 60 años desde su construcción. Y hoy, un año después, el futuro de Garoña, que lleva cerrada desde finales de 2012, es más que incierto.
El CSN exige a Garoña inversiones millonarias para continuar con el informe necesario para reabrir
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exige inversiones millonarias previas a dar el visto bueno a la reapertura y los dueños de la planta (Iberdrola y Endesa, que controlan a partes iguales Nuclenor) aún no han decidido si realizarán las reformas que le reclama el regulador y si continuarán así con el proceso de renovación de la licencia ante las dudas de que el Gobierno (no éste, sino el siguiente) vaya a autorizar la reapertura de la planta.
Y es que el Gobierno del Partido Popular ha mostrado de manera explícita e insistente su disposición a autorizar la prolongación de la vida útil de la central de Santa María de Garoña, en Burgos. Pero el informe previo del CSN no estará listo hasta finales de este año y el Ejecutivo no podrá pronunciarse hasta principios de 2016. Por lo que la decisión quedará encomendada al Gobierno que salga de las próximas Elecciones Generales, previstas inicialmente para noviembre.
CSN pide mejoras ya
La Dirección Técnica de Seguridad Nuclear del CSN remitió el pasado abril una carta a Nuclenor en la que le exigía realizar multitud de mejoras de seguridad como condición previa a que el supervisor elabore el informe obligatorio sobre la posible reapertura de la planta, según confirman a SABEMOS fuentes conocedoras del expediente. Los técnicos del Consejo obligan así a los dueños de Garoña a realizar inversiones millonarias para poder evaluar sus resultados como parte de la inspección que desarrollan para avalar la seguridad de la central en caso de que vuelva a funcionar y prolongue su vida útil hasta 2031, según adelantó el Diario de Burgos.
La central debería realizar esas mejoras sin saber si valdrán de algo: sin saber si el CSN dará el visto bueno y si el próximo Gobierno que salga de las elecciones autorizará la reactivación
Nuclenor ya reconoció hace tiempo que la reapertura exigiría probablemente inversiones en reformas y mejoras que podrían ascender al entorno de los 100 millones de euros. Fuentes de la compañía participada por Endesa e Iberdrola subrayan que parte de esas mejoras y de las inversiones necesarias ya se han realizado –sin precisar en qué proporción– en los últimos meses, pero admiten que aún quedarían trabajos por hacer para continuar con la renovación.
“El CSN nos dijo lo que tenemos que hacer, y teníamos que hacer muchas cosas”, explica un portavoz de Nuclenor. “Ya sabíamos que había que realizar esas mejoras”. Pero los técnicos del CSN ahora han aclarado en esa carta enviada a la compañía que parte de esas mejoras, gran parte, se han de realizar con anterioridad a la realización de su informe de evaluación. Sin esas inversiones por parte de Nuclenor, no hay informe de los técnicos del CSN; sin ese estudio de los técnicos, el consejo del CSN no puede dar el visto bueno a la renovación de la licencia de explotación de la central; y si el CSN no emite un dictamen favorable, el Gobierno –a través del Ministerio de Industria- no puede aprobar la autorización de reapertura y de prolongación de la vida útil.
¿Inversiones millonarias sin saber si valdrán de algo?
Nuclenor se encuentra pues en un escenario complicado: debería ejecutar esas costosas inversiones (la empresa elude precisar su cuantía) sin saber si recibirá el visto bueno del CSN y, sobre todo, sin saber si posteriormente el Gobierno decidirá aprobar la ampliación de la explotación de Garoña. Debe ejecutar esas costosas inversiones sin saber si valdrá para algo, en definitiva. Y es este escenario el que está haciendo que la compañía dude sobre si continuar con el proceso de renovación. “No hemos tirado la toalla”, sentencian fuentes de Nuclenor, que reconocen, no obstante, que “hay decisiones que se tienen que tomar en base al análisis de ejecución” de las inversiones a las que estaría obligando el CSN para elaborar su informe.
Y para adoptar esas decisiones, “hay que analizar cuánto cuesta el retraso [en la reapertura] y qué posibilidades hay de seguir funcionando”, explica un portavoz. ¿Se refiere a qué posibilidades hay de que el Gobierno dé la autorización? “En la evaluación económica se tienen en cuenta todos los factores”. ¿También quién gobierna y quién puede llegar a gobernar? “Pues eso, todos los factores, sí. Y en función de quien esté…”, señala el portavoz. Y es que en función de quien gobierne, sí, una futura autorización ministerial se puede dar casi por segura o casi por descartada.
Depende de quien dirija el próximo Gobierno
El Gobierno del Partido Popular se ha mostrado abiertamente dispuesto a aprobar la reapertura de la central de Garoña si contaba con el aval del CSN. Nuclenor cerró en diciembre de 2012 de manera unilateral, y sin permiso, la planta como medida de presión al Gobierno en el tira y afloja sobre los términos de la reforma eléctrica y para evitar el pago de los nuevos impuestos nucleares que entraban en vigor el 1 de enero de 2013.
«Hay que analizar qué posibilidades hay de seguir funcionando. En la evaluación económica se tienen en cuenta todos los factores» ¿También quién puede gobernar? «Todos los factores, sí»
A partir de entonces, el Ejecutivo del PP ha acometido varias reformas legislativas a medida para hacer posible la reapertura, e incluso para hacer posible siquiera que Nuclenor pudiera presentar la solicitud de renovación [ver La historia de por qué cerro (y quizá reabra) la central nuclear más vieja de España]. «Hemos creado el marco para que la decisión de la empresa sea la adecuada», ha llegado a decir el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. «No existen motivos para pensar que Garoña no tenga por qué seguir funcionando. Deseamos que la central siga funcionando, pero lo que hace el Gobierno es fijar el marco para que sea una realidad».
De hecho, el Ministerio de Industria directamente da por hecho en documentos oficiales que la central de Santa María de Garoña estará en funcionamiento en 2016. El Informe de Sostenibilidad Ambiental de Planificación del Sector Eléctrico para 2015 y 2020 da por descontado que Garoña se reenganchará a la red el próximo año, según reveló el diario El Mundo.
Sin embargo, tal y como está hoy el escenario político en España, dar por hecho la continuidad del Partido Popular en el gobierno en la próxima legislatura es cuando menos osado. Y tras el batacazo popular de los comicios autonómicos y municipales del pasado domingo, mucho más. Si saliera de las próximas elecciones generales un (improbable) nuevo Gobierno del PP con mayoría absoluta, el camino para la reapertura de Garoña se allanaría. Y un Ejecutivo del PP que contara con el eventual respaldo de Ciudadanos podría igualmente hacer posible la reapertura. El líder de C’s, Albert Rivera, se manifestó, de hecho, sobre el proceso de Garoña y se encomendó a lo que diga el CSN: “Los técnicos saben más que yo. Si alguien dice que es segura y que hay condiciones que abrirla será el Consejo Nuclear el que dé garantías. Debemos acostumbrarnos a trasladar las decisiones técnicas a los técnicos”.
El PP ha mostrado su disposición a reabrir Garoña. Ciudadanos se encomienda a los técnicos. Y el resto de oposición, también Podemos, se compromete a mantener cerrada la planta
Cualquier otro escenario poselectoral hace casi imposible que el futuro Gobierno autorice reabrir la central burgalesa. Todos los partidos de la oposición representados actualmente en el Congreso (con la excepción de UPyD y de CiU) sellaron el pasado diciembre una declaración conjunta en el que se comprometían a promover el cierre definitivo de la planta en cuanto sea posible. Podemos, la otra formación emergente y que con toda seguridad entrará con fuerza en las Cortes en las próximas elecciones, ya ha mostrado su rechazo a la reapertura de Garoña y se muestra proclive a ir cerrando las centrales cuando cumplan 40 años de vida útil.
Con estos mimbres, Nuclenor echa cuentas con la vista puestas en las próximas elecciones y valora continuar o no con el proceso de reapertura (y realizar las inversiones que éste exige) ante la incertidumbre del escenario político español. Y es probable que en el próximo consejo de administración de la empresa, en junio, se estudie tomar una decisión. “Al final es un tema económico puro y duro”, explican a SABEMOS fuentes del sector. “A Nuclenor le tienen que salir los números a largo plazo y ver segura la rentabilidad, si no, no hará las inversiones necesarias y no habrá reapertura”. Y según quién comande el próximo Gobierno, los números salen o no.
