Existen formas alternativas de ocupación cuya finalidad no es encontrar una solución habitacional, sino lucrarse mediante el alquiler o la venta de viviendas usurpadas. Sólo en Madrid se calcula que existen un millar de viviendas comercializadas en el mercado negro.
El fenómeno de la ‘okupación’ se ha convertido en pocos años en un negocio muy lucrativo para unos poco y muy destructivo para comunidades de vecinos e incluso municipio enteros. Las mafias okupas son organizaciones profesionales dedicadas a usurpar viviendas de propietarios privados o bancos para luego subarrendarlas o incluso venderlas a otras familias necesitadas.
Lo que comenzó siendo una práctica aislada se ha convertido en un delito muy común en algunas regiones. Madrid es una de las zonas más afectadas de la península, sólo en el municipio se calcula que existe un millar de pisos controlados por estas organizaciones, del total de casi 5.000 viviendas ocupadas que la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) ha contabilizado.
Los distritos más afectados son las zonas del extrarradio de la capital: Carabanchel, la UVA de Hortaleza, Puente de Vallecas, Tetuán, Usera o Villaverde. Cientos de vecinos denuncian la actividad de estas mafias por los destrozos y problemas que causan en las comunidades. El ruido, las fiestas, los trapicheos con drogas y el miedo a nuevas ocupaciones son los conflictos a los que se enfrentan todos los días, hasta que al final logran desalojar a los delincuentes o deciden abandonar su propia casa.
“Existen estructuras criminales que se dedican a estafar e impiden la convivencia en los edificios. Se desplazan a barrios conflictivos y se dedican a molestar para vaciar los edificios. Hay zonas de Madrid que se han devaluado gravemente por estas organizaciones”, señalan desde la FRAVM.
Este es el objetivo de algunas de las organizaciones: echar a los vecinos del edificio y venderlo por completo. Las viviendas más cotizadas son las que pertenecen a la banca o a los fondos buitre, ya que son propietarios que no suelen reclamar de inmediato ante una ocupación.
En la FRAVM se han registrado casos en los que se descubre que el propio fondo es el que paga a los mafiosos para que logren desalojar el edificio y poder comercializarlo en su totalidad. Las pistas que llevaron a los vecinos a sospechar de estas prácticas fueron que desde el fondo no se denunció la usurpación de su vivienda ni se hizo ningún esfuerzo por paralizar la ocupación. Tampoco se tomaron ningún tipo de medidas de seguridad que impidieran dichos problemas.
“No querían contratar seguridad en el edificio ni tomar ninguna acción. Son un conjunto de condiciones que te hacen pensar que están detrás de la ocupación”, añaden desde la federación.
Como respuesta, la Delegación del Gobierno en Madrid, en colaboración con la Policía de Madrid y el consistorio, puso en marcha la Unidad de Coordinación Provincial de Seguimiento de Viviendas Ocupadas, la cual recibió 800 llamadas en su primer mes de funcionamiento.
Además, el departamento de Carmena se comprometió a hacer un censo de viviendas ocupadas en cuatro focos principales de la ciudad: San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) y San Isidro (Carabanchel), Entrevías (Puente de Vallecas) y Ensanche de Vallecas (Puente de Vallecas).
El peso de la ley ante este tipo de delitos es mucho mayor que en los casos de simple usurpación. Al delito de allanamiento de morada, en el caso de que prospere por la vía penal, se sumarían los de defraudación de suministros, los delitos por daños y el delito de estafa, el cual conllevaría pena de cárcel.
“En las ocupaciones mafiosas se trata de un delito de estafa. Tiene tres requisitos: un engaño suficiente, lucro por ese engaño y un agujero en el patrimonio ajeno. La pena suele ser de los 3 a los 6 años. En los casos de fondos buitre que desalojan los edificios mediante mafias okupas, lo difícil es demostrar la intencionalidad de quien ha comprado y quien ha metido a la gente ahí. Sería un delito de móvil inmobiliario”, explica Óscar Rodríguez Merino, abogado en M&R Abogados y Consultores.
Si algo tienen en común este tipo de ‘okupaciones’ es que son condenadas por todos los grupos políticos. También desde el Ayuntamiento de Madrid se han movilizado para frenar a las mafias en los distintos vecindarios de la capital a través de la prevención, la colaboración con otras instituciones y el incremento del control de las zonas conflictivas.
Entre las medidas puestas en marcha destacan: el refuerzo de la vigilancia policial con un patrullaje preventivo en los tres turnos de servicio de las Unidades Integrales de Distrito (UID), el intercambio de información continuada entre la Policía Municipal de Madrid y el Cuerpo Nacional de Policía o la organización de reuniones entre las diferentes áreas municipales, el Gobierno regional, la Delegación del Gobierno y los tribunales de justicia.
Este problema también está presente en otras grandes ciudades como Barcelona. Allí existe un mayor volumen de colectivos ‘okupas’, pero tampoco están libres de la influencia de estas mafias.
“Aquí también existe mafias ‘okupas’ en determinados barrios, que se dedican fundamentalmente a realquilar y revender. Ya hemos pedido al Ayuntamiento que ponga en marcha un plan de protección, porque las familias que viven así lo hacen tras ser extorsionadas o intimidadas. Es algo que hay que combatir porque se trata de un comportamiento delictivo. Nosotros sólo conocemos de primera mano dos barrios con ocupaciones de este tipo, pero tenemos constancia de que hay más por la ciudad”, señala Carina Mejías, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Barcelona.
El exitoso caso de Torrejón
Torrejón de Ardoz es uno de los municipios madrileños que más afectado estaba por el problema de las ocupaciones mafiosas. La localidad cuenta con aproximadamente 130.000 habitantes y está gobernada por el Partido Popular. Su principal problema era la proliferación de pisos vacíos propiedad de la banca o de los fondos de inversión, que además de no pagar a las comunidades, mantenían el stock de viviendas intacto.
Como solución alternativa los concejales decidieron aplicar desde 2016 una tasa de 700 euros a los bancos y fondos de inversión por cada una de sus viviendas vacías como compensación por los gastos generados tanto al Ayuntamiento como a las comunidades de vecinos.
Estos inmuebles deshabitados suelen generar cuantiosos gastos tanto por su estado de abandono, como por los problemas de convivencia vecinal, mantenimiento y seguridad que suponen para las autoridades. Pero sin duda, su principal inconveniente es que son un auténtico chollo para las mafias ‘okupas’, que crean con estos pisos su propio mercado alternativo.
En total 790 viviendas se han visto afectadas por el cobro de esta tasa entre entidades bancarias, financieras y fondos de inversión. Una recaudación que ascendería a los 553.000 euros hasta el momento.
Por otro lado, la Policía Municipal de Torrejón también se puso manos a la obra para frenar el problema de las ocupaciones mafiosas. Desde las autoridades se ha creado la Unidad de Mediación Vecinal que realiza un control exhaustivo sobre aquellas viviendas que están ocupadas o en riesgo de ocupación.
Sus competencias sólo les permiten intervenir en el momento en el que se está produciendo la usurpación para frenarla. Sin embargo, su labor de seguimiento y prevención ha logrado erradicar prácticamente el problema en el municipio, ya que las mafias prefieren localidades con menos trabas para delinquir.
“En 2014 nos damos cuenta de que las usurpaciones de viviendas habían crecido mucho en número. A partir de ahí decidimos crear esta unidad para establecer un control exhaustivo sobre las viviendas ocupadas y las que se encuentran en riesgo, partimos de un censo hecho hace dos años y lo vamos actualizando. Nosotros no podemos desocupar, porque se requiere orden judicial y es competencia de la Policía Nacional, a no ser que intervengamos mientras se produce la usurpación. La colaboración vecinal es muy importante, ellos nos avisan si una casa se queda vacía o está siendo ocupada. Se ha producido un importante efecto disuasorio, las mafias saben que en Torrejón es más complicado que en otros municipios”, señala Raúl Picado, director de Seguridad de la Policía de Torrejón.
Las mafias del municipio trabajaban a un nivel muy profesional y se trataban siempre de los mismos tres o cuatro apellidos. Sin embargo, la unidad especial de Torrejón ha sido un rotundo éxito para frenar el problema: de las entre 8 y 10 llamadas semanales que recibía la jefatura por problemas de ocupación han pasado a recibir una mensual.
“Por el momento tenemos previsto mantener la unidad, porque nunca se llega a erradicar al cien por cien el problema y siempre tenemos que estar vigilantes. Algunos compañeros de otras jefaturas nos han preguntado de manera informal cómo funciona el grupo y los detalles”, añade Picado.
