ACS, el gigante español de construcción y servicios presidido por Florentino Pérez, se ha convertido en un especialista en desarrollar infraestructuras que no se utilizan y conseguir que la Administración se las rescate. Algo similar a lo sucedido en el Proyecto Castor -por cuya parada ACS recibió más de 1.300 millones de euros de compensación del Estado- se ha replicado en Murcia, esta vez a cuento de una desaladora.
La planta de Escombreras, en la Región de Murcia, se ha convertido en la protagonista de una comisión de investigación del parlamento regional, que trata de aclarar por qué el holding de Florentino Pérez va a cobrar 600 millones de euros.
El diputado autonómico de Podemos que forma parte de esta comisión, Antonio Urbina, apunta que cuando se apreció que la necesidad de agua en la zona no era suficiente, la empresa demandó a la comunidad y le exigió 570 millones por lucro cesante, esto es, por la disminución de su negocio, ya que la planta está prácticamente inactiva, funcionando “al 20% de su capacidad en el mejor de los casos”, según el parlamentario.
El Gobierno de Murcia llegó a un acuerdo para explotar la planta de Escombreras por 600 millones de euros
Finalmente, “parece” -es lo que trata de dilucidar el Parlamento, dice Urbina- que el Gobierno de la Región llegó un acuerdo con ACS para que el asunto no llegara a juicio, en virtud del cual la comunidad autónoma explotará la desaladora hasta el año 2034 por 600 millones de euros.
“Esto es una barbaridad, porque si la propia desaladora en su funcionamiento arroja pérdidas anuales en torno a 13 millones de euros, la empresa no puede pedirle a la Comunidad dinero en concepto de lo que va a dejar de ganar, dado que lo que está produciendo son pérdidas”, afirma el diputado.
La división regional de Podemos se ha establecido como objetivos en esta comisión “ver si hay posibilidades de recuperar el dinero, de aclarar la situación financiera y de hacer que la desaladora funcione y lo haga de manera viable y eficiente”.
Otra de sus metas es “esclarecer los costes reales de construcción”, que fueron establecidos en 117 millones por la constructora. “Es una cifra que conviene ratificar -dice-. Tienen que aportar la documentación que demuestre que ese es el coste real”.
Técnicamente, según Antonio Urbina, la desaladora “es buena” y puede funcionar al 100%; el motivo por el que no funciona es que su construcción está vinculada al desarrollo urbanístico de Novo Carthago, que ha resultado ser ilegal, subraya.
ACS, reincidente
El caso de la desaladora de Escombreras recuerda al del Proyecto Castor, la plataforma de almacenamiento submarino de gas ubicada frente a las costas de Vinaròs (Castellón), que también fue promovida por el grupo ACS y por cuya inactividad también acabó cobrando.
En ese caso, el holding de Florentino Pérez recibió una compensación por lucro cesante de 1.350 millones de euros, después de que el Gobierno decretara el cese de las actividades como consecuencia de los terremotos que se produjeron durante la puesta en marcha de las instalaciones.
“El de Castor es otro caso flagrante. Lamentablemente, también se respondió muy rápido, se le reconoció la deuda y se le pagó. Al final, nos quedamos con una infraestructura que no se puede utilizar y que la paga el dinero público. El que la ha construido ya ha hecho su gran negocio. Hay indicios de que este es un caso similar”, hilvana el diputado autonómico.
Si la investigación no consigue vislumbrar forma alguna de recuperar los 600 millones, este importe pasará a engrosar los ingresos de la ficticia pero lucrativa división de compensaciones de ACS. Casi 2.000 millones de dinero público extraídos del Mediterráneo, entre Castor y Escombreras, en menos de un año.
