Un administrador concursal tiene previsto interponer en las próximas horas en un juzgado mercantil de Valencia una demanda para que se declare la “culpabilidad o en su caso la causa fortuita” en la actuación de los gestores que llevaron a la quiebra al Banco de Valencia, cuya cúpula está siendo juzgada por la vía penal estos días en la Audiencia Nacional.
La acción tiene como objetivo principal reclamar a CaixaBank −que absorbió a la entidad valenciana mediante su compra por un euro−, indemnizaciones por importe de 4.500 millones de euros del fondo de rescate. El escrito se basa en el artículo 174 de la Ley Concursal, que establece que “en los casos de adopción de medidas administrativas que comporten la disolución y liquidación de una entidad y excluyan la posibilidad de declarar el concurso, la autoridad supervisora que las hubiera acordado comunicará inmediatamente la resolución al juez que fuera competente para la declaración de concurso de esa entidad”.
El administrador concursal que interpone la demanda considera que una vez que CaixaBank se hizo con el Banco de Valencia este perdió su personalidad jurídica, de modo que no cabe la solicitud de concurso de acreedores contra la entidad valenciana, pero sí “la calificación de un juez de que la actuación de los gestores de la entidad fue culpable”, de modo que se abre la vía para reclamar las indemnizaciones oportunas contra el actual responsable, en este caso CaixaBank.
Una vez que el Juzgado de Valencia reciba el escrito por reparto, “el juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal o de la autoridad administrativa, dictará auto acordando la formación de una sección autónoma de calificación, sin previa declaración de concurso”, según establece el apartado segundo del 174.
En fuentes judiciales se da por hecho que la calificación del juez no puede ser otra que de “culpabilidad” de los antiguos gestores del Banco de Valencia, que desde ayer se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por haber llevado a la ruina al Banco de Valencia durante los años de la burbuja inmobiliaria. Los gestores que desfilan estos días por el tribunal se enfrentan a penas de entre cuatro y ocho años de prisión por administración desleal, entre ellos el ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, el expresidente del Valencia CF, Juan Bautista Soler, y el notario jubilado Carlos Pascual de Miguel, entre otros. Lo que se juzga son tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad y que, según el FROB, le causaron un perjuicio de 160,5 millones de euros a la entidad financiera, que se convirtió en “el paradigma de la especulación” de esos años.
Se trata de una de las piezas separadas abiertas para investigar a la antigua cúpula de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectarse un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En la querella presentada por el FROB en 2013, el organismo alegaba que la gestión de Parra le había supuesto un agujero de 160.534.544 euros, por la cual se acusa al exconsejero delegado de tres causas de administración desleal.
El fondo de rescate español señalaba que estas operaciones supusieron, «más allá de negocios de riesgo simplemente fallidos, una conducta abusiva de aprovechamiento de la posición de poder» del ex consejero delegado del banco, «con el fin de obtener un lucro ilícito» a favor de sus «socios» a costa de la entidad. Lamentaba, además, que las operaciones «supusieron una importante salida de fondos de la entidad que no han retornado ni retornarán», deteriorando así su patrimonio y solvencia.
En el caso del Banco de Valencia no hubo acreedores insatisfechos, como en la operación de compra por un euro del Banco Popular por parte del Banco Santander, pero la pieza de responsabilidad que se abre ahora en los Juzgado de lo Mercantil de Valencia permitirá ir contra los directivos encausados penalmente para que respondan con su patrimonio o en su caso lo haga la entidad financiera que absorbió al BdV, en este caso CaixaBank, que tendría que hacerse cargo del agujero en las cuentas de la entidad valenciana.
