Estos días se está hablando que en el programa electoral de Manuela Carmena venía a declarar Madrid como ciudad libre de transgénicos. Esta propuesta no es original. Antes de Madrid otras ciudades como Alcoy o Albacete ya habían firmado declaraciones parecidas, o incluso comunidades autónomas como el País Vasco, Baleares o Asturias. ¿Querrían los ciudadanos pagar una tasa para hacer cumplir está regulación adicional?
Surge una pregunta obvia, ¿qué consecuencias tendría esta declaración? Pues solo hay que ver el antes y después de las ciudades que han suscrito esta propuesta. Se anuncia a bombo y platillo, pero una semana después ya está olvidada. Es un instrumento propagandístico, pero sin ninguna consecuencia práctica puesto que es imposible llevarla a cabo.
Un transgénico, según la legislación de la UE, es un organismo que porta en su genoma un fragmento de ADN de otro organismo que ha sido introducido de forma artificial y específica. Conviene aquí remarcar lo de artificial. La transferencia de ADN entre especies es frecuente en la naturaleza y técnicas como la hibridación, que consiste en cruzar dos especies diferentes, no entraría en esta definición. ¿Utilizamos algún producto de esta tecnología en la vida cotidiana? Muchos: fármacos, jabones, billetes de euro, ropa de algodón, enzimas que se utilizan en la industria alimentaria. La ley obliga a etiquetar solo los productos utilizados en la alimentación. De esos, en España solo se siembra uno, el maíz MON810, pero en la UE se importan casi 50, principalmente soja, maíz y colza, que se utilizan principalmente para piensos en el ganado, aunque en un supermercado puedes encontrar algún que otro producto destinado a alimentación en general. ¿Han desaparecido estos productos de Alcoy o de Albacete? Queda claro que no.
Un Ayuntamiento no tiene competencias para regular qué se vende en las farmacias
Para empezar, un Ayuntamiento no tiene competencias para regular qué se vende en las farmacias, ni qué variedad se siembra en sus campos. De hecho, en Baleares se siembra maíz transgénico. Imaginemos que el Ayuntamiento pudiera sacarse de la manga algún tipo de reglamento o normativa local que, en función de esta declaración y a la espera de que fuera tumbado por algún tribunal por arrogarse competencias ajenas, regulara de alguna forma la presencia de transgénicos en Madrid o en cualquier otra ciudad. ¿Cómo la van a poner en práctica? ¿Con qué presupuesto cuentan? Habría que destinar un cuerpo de inspectores a farmacias, supermercados, tiendas de ropa y una generosa financiación para hacer las analíticas correspondientes que confirmen que no se están vendiendo productos OGM.
En Europa cada día nos gastamos millones de euros en inspecciones de alimentos para evitar la entrada de OGMs no autorizados. ¿Está dispuesto a asumir este gasto cualquier ayuntamiento? Tengamos en cuenta que estos productos sí que están regulados en virtud de normativas de orden superior (nacionales o europeas) y que los autorizados han superado un estricto control y demostrado que no suponen ningún problema para la salud o el medio ambiente. ¿Querrían los ciudadanos pagar una tasa para hacer cumplir esta regulación adicional? No creo que sea una prioridad.
Por lo demás conviene recordar que la moda de las declaraciones municipales no es nueva. Hace 30 años hubo ciudades que se declararon desnuclearizadas, a pesar de que sus hospitales tenían unidades de medicina nuclear (ahora en cambio otras piden tener un cementerio de residuos de alta actividad), y hace 15 años hubo ciudades que se declararon libres de cloro. Incluso algunas fueron más allá y trataron de evitar la cloración del agua potable. ¿Alguien se acuerda de estas declaraciones? ¿Han tenido consecuencias? Pues Barcelona y Bilbao en su momento las firmaron, pero creo que se sigue utilizando PVC y clorando el agua potable.
