Los informes censurados publicados por la JUR han demostrado, sin que esa fuera su intención, que la realidad del Popular se ajusta más a la solvencia y liquidez a la que hace referencia Barclays en su oferta para ampliar capital que a la que se vendió por parte de quienes estaban dentro de la operación para rescatar al Santander. Este hecho demuestra también que el verdadero responsable de la ruina de más de 305.000 familias no está en Europa, como se quiere hacer ver, sino en la propia entidad cántabra porque todos los presuntos delitos cometidos durante la operación fueron anteriores al 7 de junio y se perpetraron en suelo español.
El día 2 de febrero fueron publicados algunos datos e informes de la JUR, el FROB y la auditora Deloitte sobre la valoración del Banco Popular. Quien realiza estos informes indica que no son fiables al tener poco tiempo para poder cruzarlos, además de no disponer de todos aquellos datos necesarios para realizar un trabajo que se rigiera por los principios de «evaluación justa, prudente y realista de los activos de Hippocrates» (nombre confidencial del Banco Popular).
Si en los primeros meses, se utilizaron los argumentos de mantener el sistema financiero europeo, los intereses tanto del Banco Popular como del Banco Santander y otros variados argumentos, ahora, y después de la presentación de los informes y datos publicados, la argumentación coge otra vertiente, situando el interés público como motivo de la resolución.
Pueden argumentar que ha sido para mantener a un banco sistémico global, y por tanto, a un banco que «defiende a las clases humildes y sencillas aportándoles puertas giratorias para que no tengan que estar en el paro o en las colas de las oficinas del paro de las distintas autonomías». Y sin con este no es suficiente, y como decía Groucho Marx, «Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros». Otro argumento de peso podría ser excussatio non petita, acussatio manifesta, y, como bien diría nuestro amigo Groucho Marx, «Solo hay una manera de saber si un hombre es honesto: se lo preguntas. Si responde que sí, seguro que es corrupto» o bien la mejor definición de la política: «La política es el arte de buscar problemas, de encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados».
Ahora, pasando ya de los argumentos a los hechos, vamos a contrastar los datos de los que disponemos y que han sido auditados tanto dentro como fuera de España con los datos que publico el informe de Deloitte, por el cual la JUR realiza la resolución del Banco Popular.
En primer lugar, el cálculo de las provisiones es del 50 % sobre las deficiencias, y ese porcentaje es la media del sector bancario español. Hay una depreciación de los activos inmobiliarios en el año 2.016, pasando el valor contable de los mismos de 29.216 millones a 17.337 millones. Por tanto, son necesarias unas provisiones de 5.941 millones.
Los créditos morosos ascienden a 19.601 en los datos presentados el 31-12-2016, por tanto, una necesidad de provisiones de 9.800 millones.
Los activos, tanto tangibles como intangibles, están valorados contablemente en 4.807 millones, siendo estos contabilizados en fecha 30-06-2017 en 382 millones, por tanto depreciando dicha valoración en un 92,03%.
Por tanto, las necesidades de provisiones son de 15.741 millones. El Banco Popular disponía a 30-06-2017 de 11.473 millones provisionados. Por tanto, las necesidades de provisiones del Banco a 30-06-2017 eran de 3.998 millones. Para poder solventar esta situación de escasez de provisiones, tenía encima de la mesa dos propuestas para hacer una ampliación de capital por un importe de 4.000 millones cada una, y una opción de compra de uno de los activos, Wizink, por importe de 2.500 millones.
Los datos que aportan Deloitte y la JUR, datos que como hemos indicado al principio, no han tenido suficiente tiempo para poder contrastarlos y verificarlos, ahora sí que han hecho una proyección de las distintas cuentas del Banco Popular, realizadas sobre lo que ellos mismos constatan que no son veraces, tanto por lo que disponen como por el tiempo para poder realizar dicha valoración.
Además de los datos aportados anteriormente en el mismo punto, en activos inmobiliarios aumentan en unas necesidades extraordinarias de provisiones de -3.100 millones, siendo para ellos un valor de los activos inmobiliarios de la cartera del Banco Popular, y basándonos en el criterio de provisiones del 50 %, un importe total de 10.137 millones. Cifra casi idéntica al importe que vendió el Banco Santander el paquete inmobiliario del Banco Popular a Blackstone.
Los créditos morosos, que el Banco Popular tenía contabilizados en 19.601, y por tanto con unas provisiones de 9.800 millones, el informe de Deloitte añade un incremento de provisiones de -3.500 millones, con lo que indica que el total de los créditos morosos del Banco Popular era de 27.101 millones. Y en los resultados del 3º trimestre, el Banco Santander ha reconocido el importe por créditos morosos que tenía contabilizados en Banco Popular, pasando directamente a pérdidas 5.625 millones y eliminándolos de la contabilidad de créditos morosos. Y dejando, por tanto, dicho capítulo en 13.976 millones.
En el capítulo de activos ha habido muchos bailes y corrida de cifras. En los datos expresados por la AEB en el 1º trimestre del 2017, tal como hemos expuesto anteriormente, se reducen en un 92,03 %, pasándolos de 4.807 millones a 382 millones. En el informe de Deloitte solo se deprecian los activos inmateriales, pasándolos de 2.612 millones a 412, siendo reducidos en 2.200 millones.
Además de estos conceptos, Deloitte también plasma en su valoración tres conceptos más:
Impuestos diferidos. El Banco Popular tenía contabilizados a 31-12-2017 la cantidad de 5.083 millones, y sobre dicha cantidad es lo que la auditora remarca que 2.700 millones no pueden imputarse al cobro al no ser reconocidos por Hacienda. Y eso es así, siempre y cuando dicho reconocimiento debería haber sido realizado desde la entrada en vigor de la ley que marca dicho precepto. Ahora cuando dichas cantidades se exigen desde antes de la entrada de la ley, no pueden aminorarse, ya que son exigibles.
Capital ingresos fijos. Imputa unas pérdidas de 500 millones por el mayor coste de la financiación.
Contingencias legales y empresas conjuntas, asociadas y subsidiarias por un importe de 2.700 millones, cosa que si no se hubiera realizado la resolución no se habrían originado estos costes, y realizada la resolución quien responde de estos costes no es el Banco Popular, sino quien lo adquirió, el Banco Santander. Este concepto ya hace intuir y sospechar que la resolución ya estaba sentenciada antes de las exigencias que vienen en el Reglamento 806/2014, y que se tenía que vaciar los balances del Banco Popular para que le resultara un regalo al Banco Santander.
La conclusión de los datos que proporciona Deloitte y que la JUR corrobora es que la mejor estimación, sobre que el Santander realizar la oferta, es de -14.700 millones, reconociendo unos fondos propios de 10.800 millones, siendo un subtotal de -3.900 millones, y con un ahorro de costes que ya se prevé realice el Banco Santander por 1.900 millones, queda en una valoración de -2.000 millones.
Esta cifra cuadraba para poder amortizar los bonos que disponía el Banco Popular por ese mismo importe. Unos números que se presentaron en el 1º semestre con los resultados que presento la AEB siendo incluso más drásticos en el objetivo de presentar la situación del Banco Popular como una banco completamente quebrado, y que posteriormente el informe Deloitte cuando lo han publicado en su versión confidencial, se han mantenido en el mismo objetivo de presentar la misma imagen, ahora con las pertinentes irregularidades contables de imputar las perdidas, sean las que sean, al Banco Popular, cuando las contingencias legales deben ser asumidas por el propietario que lo adquiere, y siempre a posteriori, y nunca por anticipado.
Como conclusión a todos los datos mencionados anteriormente, con fondos propios reconocidos de 10.800 millones y con unas necesidades de provisiones de 3.998 millones, el valor del Banco Popular a fecha de resolución es de 6.802 millones más el precio que se le ofreció para la compra de Wizink de 2.500 millones, siendo el valor total de 9.302 millones. Luego el informe que Deloitte realizó no sabemos si es la valoración o liquidación del Banco Popular o el anillo al dedo para regalárselo al Banco Santander.
