El Ayuntamiento de Madrid reconoció en un Pleno que sabía que Competencia investigaba a las constructoras por repartirse los contratos de limpieza de diferentes ciudades, entre ellas la capital. Aún así siguió adelante con la adjudicación que dividió Madrid en calles principales y secundarias, permitió la reducción de la plantilla dedicada a la limpieza y mantiene en secreto las sanciones por incumplimiento de los estándares de calidad.
Madrid es una ciudad de clases divididas por un camión de riego y un escobón. Los hay que viven en zona limpia y los hay que no, aunque sus casas estén situadas a unos metros de distancia. Desde mediados de 2013, las empresas encargadas de la limpieza viaria (las constructoras de toda la vida) no están obligadas a pasar por todas las calles a diario, solo por esas vías a las que se dio el pedigrí de eje principal. No es una forma de hablar. En el primer contrato integral de la Era Botella, esa nueva fórmula mágica de adjudicación de servicios públicos basada en conseguir la misma calidad por menos dinero, Madrid se dividió en calles más y menos importantes. Como si unas tuviesen que estar limpias y otras parecerlo, en una suerte de apaño de domingo de limpiar ‘lo que ve la suegra’.
Las que no fueron agraciadas con la categoría de ejes principales, es decir, las secundarias, debían limpiarse con «la frecuencia mínima necesaria para mantener las condiciones adecuadas de salubridad y adecuación del espacio público en todo momento», según el Pliego de Prestaciones Técnicas del contrato Integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza. Y, sin embargo, en ellas se soporta en diferentes grados una realidad que apesta.
Los 1.943 millones de euros que se van a llevar las concesionarias del servicio de limpieza viaria y zonas verdes en los ocho años que dura el contrato (ampliable por dos años más) no son suficientes para evitar que, en muchas de las vías de la capital, los orines se sequen al sol evaporándose hasta embriagar la zona, los contenedores se hayan convertido en un altar rodeado de bolsas en peregrinación o la hierba crezca entre las baldosas. Todas estas deficiencias deberían tener penalización, según los estándares de calidad fijados por los pliegos del concurso. Huelga decir que allí viven vecinos a los que se les ha disparado el IBI igual que al resto (hasta incrementar en 200 millones de euros la recaudación por este impuesto al año) o que también han pagado una supuesta tasa de basuras de quita y pon hasta 2014 (130 millones de euros al año).
¿Quién se llevó el concurso y presta un servicio tan cuestionable? ¿Qué penalizaciones han recibido por incumplir los estándares de calidad exigidos? ¿Qué sabía el Gobierno municipal del PP de la investigación que estaba siguiendo Competencia por reparto de mercado de las empresas finalmente adjudicatarias en pleno proceso de concurso de la limpieza de las calles de Madrid?
La multa de la CNMC y lo que sabía el PP
El 8 de enero de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resuelve multar con 98 millones de euros a un amplio grupo de empresas por haberse repartido el mercado de contratos públicos y privados de gestión de residuos, recuperación de papel y cartón, limpieza viaria y aguas. Un reparto que, no descarta la resolución, puede haber sido a nivel nacional, dado el tamaño de las empresas implicadas. El 75% de las multas son para Urbaser y Sertego, de ACS (23,3 millones); FCC (16,8 millones); Valoriza, de Sacyr (15,3 millones); Cespa, de Ferrovial, (13,6 millones), y Saica (13,6 millones).
Ha sido una labor de años. La CNMC investigaba desde julio de 2012 (de hecho empieza el proceso la antigua Comisión Nacional de Competencia), solicitando la colaboración de los ayuntamientos afectados, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Madrid. La conclusión es rotunda: «La existencia de múltiples contactos y acuerdos entre las empresas del sector, desarrollados bien a través de (…) la asociación sectorial ASELIP, o bien entre determinadas empresas, habitualmente grandes operadores en el saneamiento urbano» para repartirse «licitaciones públicas y otras actuaciones en determinadas áreas territoriales (Madrid, Málaga, Ceuta, Melilla y el País Vasco)».
El Ayuntamiento de Madrid sabía que las empresas «estaban siendo investigadas» por repartirse el mercado de los servicios públicos pero asegura que eso «no implica su exclusión de los procesos de adjudicación».
La adjudicación del contrato de limpieza viaria y zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid, así como otros contratos posteriores, tiene lugar mientras la CNMC está investigando. Al conocerse a principios de este año la resolución y la multa a las empresas por parte de Competencia, el Gobierno del Partido Popular vive un Pleno en el Ayuntamiento de Madrid muy tenso, según se recoge en las propias actas de la sesión ordinaria del 10 de febrero de 2015, consultadas por SABEMOS.
Jaime María de Berenguer, de UPyD; Raquel López, de IU Madrid; y Ruth Porta, del Grupo Municipal Socialista preguntan por la resolución de la CNMC, en la que se habla de los contratos de residuos urbanos y limpieza viaria de Madrid y de documentación aportada por el Consistorio. ¿Lo sabían? Diego Sanjuanbenito, delegado de Medio Ambiente y Movilidad, reconoce en su respuesta que el Ayuntamiento sabía que las empresas «estaban siendo investigadas y estábamos cooperando al respecto», aunque añade «que las empresas estén siendo investigadas no implica su exclusión de los procedimientos de adjudicación en ninguno de esos casos». Esa inacción hace que resulten adjudicatarias empresas participantes en los pactos que finalmente multa la CNMC precisamente cuando el Ayuntamiento de Madrid realiza una drástica concentración de los contratos.
Constructoras, otra vez las reinas del pastel
Hasta agosto de 2013, la limpieza viaria de Madrid estaba externalizada en 39 contratos, con una división en 21 distritos y 6 PAU. No era complicado reconocer al barrendero del barrio, que tenía su área de trabajo delimitada y una serie de tareas que podía irse distribuyendo a lo largo de la semana. Con los nuevos contratos, no existe personal asignado a unas calles concretas. La atención a los ejes secundarios se limita muchas veces a acudir cuando un vecino llama al 010 para exigir que se limpie una zona determinada. Todo Madrid capital se dividió en seis zonas o lotes en un macroconcurso blindado para que solo pudieran participar empresas de gran tamaño que hubieran participado del negocio en los ejercicios previos.
En las condiciones del concurso, en el apartado sobre solvencia técnica exigida, se especificaba que los candidatos debían haber prestado «durante los años 2010, 2011 o 2012, actividades de limpieza urbana en poblaciones de más de 150.000 habitantes y actividades de conservación de zonas verdes en alguna ciudad con población de más de 450.000 habitantes». Además, todos debían «acreditar la realización de cualesquiera otra de las actividades integrantes del objeto del contrato».
Las adjudicatarias de los seis lotes son Cespa (filial de Ferrovial), Valoriza (filial de Sacyr), OHL y FCC. Queda fuera curiosamente Urbaser (filial de ACS), precisamente la que había hecho el proyecto piloto y la que, conociendo los costes, presenta la oferta más alta.
La intención del modelo de contratos integrales, según se dijo desde el Ayuntamiento, era ahorrar costes sin que disminuyese la calidad de los servicios prestados. Por eso se sacó el concurso estableciendo un precio máximo que ya estaba 650 millones de euros por debajo de lo que se había estado pagando hasta ese momento. Y aún así, las candidatas van y rebajan aún más la oferta. La clave está, alertan los sindicatos, en que se deja de exigir a las candidatas que especifiquen con cuántos medios (humanos y materiales) van a prestar el servicio. Al suprimirse en el cómputo del concurso la importancia de los medios que se van a utilizar, el 80% de los puntos se logran en virtud de la oferta económica. Por eso pierde la oferta de la empresa de Florentino Pérez, que tras conocerse el resultado amaga con que va a impugnar el concurso pero no lo hace.
Meses después recibe la adjudicación del Selur, el servicio público de limpieza urgente, por 61 millones de euros (una oferta de 15,76% por debajo del presupuesto de licitación). Además, en 2014, se le adjudica junto a Cespa (Ferrovial) la recogida y transporte de residuos en la zona periférica de la ciudad de Madrid por 76,9 millones.
En Madrid, el reparto del servicio de limpieza viaria quedó así:
Con este reparto, para que se pueda vigilar que las empresas cumplen lo estipulado, algo más de 300 inspectores del Ayuntamiento se encargan de comprobar que se cumplen una serie de indicadores de calidad y, en caso de que no sea así, se restará de la cantidad a pagar al adjudicatario el importe correspondiente.
En agosto de 2013, primer mes de la adjudicación, no hay control de calidad porque, dice el Ayuntamiento, las empresas se están acostumbrando al nuevo modelo. En el primer mes de medición, septiembre de 2013, ya se descuenta un 10% del precio por incumplimientos.
Al tercer mes desde la adjudicación (a finales de 2013), tres de las adjudicatarias, dado que nadie les obliga a mantener plantilla, deciden que las cuentas no les salen y que van a iniciar un ERE de 1.144 empleados que provoca una huelga de 13 días que convierte Madrid en un estercolero. Finalmente se pacta congelar el sueldo de los trabajadores y un ERE temporal que los envía un mes al año a casa, reduciendo por tanto los efectivos que limpian en las calles. La limpieza de Madrid se sigue deteriorando.
Incumplir es muy barato y muy secreto
En el Ayuntamiento de Madrid aseguran en sesión ordinaria del Pleno que a pesar de la resolución de la CNMC no pueden anular los contratos con las adjudicatarias, al no darse «ninguna de las causas de nulidad de los contratos qe establece la ley de Contratos del Sector Público». ¿Qué se puede hacer entonces? En febrero, el Consistorio asegura que va a hacer un estudio para valorar el perjuicio económico que pueden haber supuesto estás prácticas y que van a elevar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento consulta para determinar posibles medidas legales. Los resultados de ambas acciones no se han hecho públicos aún pese a ser requeridos en Pleno por los partidos de la oposición.
Estos han pedido también que, al menos, se obligue a las empresas adjudicatarias a cumplir con su obligación de tener la ciudad limpia. En qué medida lo hace el Ayuntamiento es una información que también se da con cuenta gotas. Al parecer, hacer público si cumplen o no es algo que depende de las empresas privadas y no del Ayuntamiento, que es quien les paga.
Raquel López, de IU Madrid, preguntó en febrero cuáles habían sido «las detracciones (mermas en la cantidad pagada) habidas desde agosto de 2014 por incumplimiento de los pliegos de condiciones del contrato». La directora general de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos del Ayuntamiento le contesta: 59 sanciones, de las que 6 han sido leves; 14, graves y 39, muy graves. ¿Cuánto se ha restado de los pagos debido a estos incumplimientos? 161.982 euros.
Según el Ayuntamiento, no se pueden hacer públicas las sanciones por incumplimiento del contrato sin el consentimiento de las empresas adjudicatarias.
La cifra se la da por generosidad, debe ser, porque ella misma se encarga de decir que esos datos no son públicos porque ni tienen por qué ni deben serlo. «Forman parte de la relación contractual entre la Administración y el contratista, tanto los descuentos por indicadores como las sanciones. (…) En los contratos no está contemplada la publicación de las sanciones o de los descuentos por indicadores», ni tampoco lo contempla «el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público». En base a esto, añade, «estos datos (los que acaba de facilitar) no se podrían publicitar sin el consentimiento del adjudicatario».
La concejal de IU no da crédito. El Ayuntamiento ha adjudicado recientemente por cerca de 15 millones de euros la creación de la plataforma inteligente MiNT, donde se supone que se van «a volcar todos los datos o actividad de los contratos integrales. Todos menos esto», aclara, «porque esto no interesa que se sepa, lo que están haciendo las empresas que se están repartiendo los servicios públicos».
Las condiciones del concurso ya indican que, por alta que sea la sanción no puede ser superior al 20% del precio pactado. Muy torpes tendrían que ser las empresas para que se superase ese porcentaje ya que solo es posible si incumplen tres veces seguidas el mismo parámetro.
