El PNV pretende lograr un pacto de Estado que blinde el concierto económico y avance en el autogobierno vasco ante una posible reforma constitucional.
“Me gustaría pactar con el PSOE la próxima legislatura”. El lehendakari, Iñigo Urkullu, mostraba hace unas semanas con estas palabras pronunciadas en una entrevista en El País, su disposición a ampliar el gran acuerdo que desde las pasadas elecciones municipales y forales mantiene con los socialistas vascos en ayuntamientos y diputaciones de Euskadi, para que llegue también al Congreso de los Diputados. Su intención es alcanzar un “pacto de Estado” para “abordar una reforma constitucional en la que el PNV está dispuesto a participar”. Lejos de la estrategia de sus socios catalanes de CDC, los nacionalistas vascos descartan por completo la ruptura con España e incluso abogan por un mayor acercamiento e implicación en las decisiones del conjunto del Estado.
¿A qué se debe su postura? ¿Por qué Urkullu pretende encontrar en el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a su próximo socio en Madrid? Una de las respuestas a esas preguntas tiene que ver con el resultado de las últimas elecciones municipales y autonómicas de mayo. Los comicios dibujaron una tendencia a la baja del poder del hoy partido en el Gobierno, el PP, y un importante incremento del peso institucional –que no electoral– del PSOE. Si, como ha ocurrido en distintas comunidades autónomas en los últimos días, tras las elecciones generales el líder socialista tiene opciones para desbancar a Mariano Rajoy del Ejecutivo con la ayuda de otras fuerzas políticas, el PNV quiere volver a ser decisivo, como lo ha sido tantas veces desde la llegada de la democracia al apoyar directamente o respaldando las cuentas de distintos gobiernos en minoría de PP y PSOE.
Al igual que ha sucedido históricamente, ese apoyo a los socialistas podría revertir en importantes avances en el autogobierno vasco y en cesiones de competencias. Los nacionalistas consideran que, actualmente, esos progresos soberanistas resultarían menos probables en el caso de apoyar al PP, un partido más alejado de sus posiciones en materia social o identitaria. El pacto facilitaría, también, que el PNV tuviera voz y voto en el debate sobre la reforma de la Constitución que defiende el PSOE, y que contempla la creación de una España federal. Los nacionalistas vascos volverían a reclamar los ya reconocidos derechos históricos del pueblo vasco, y podrían lograr prerrogativas que no tendrían otras comunidades.
Un nuevo estatuto
Desde que llegó al poder, en 2012, y una vez constatado el final de la violencia de ETA, Urkullu se planteó como objetivo tratar de dar solución al conflicto territorial en Euskadi pero siempre desde el acuerdo con todas las sensibilidades e ideologías de la sociedad vasca, fueran o no nacionalistas. Creó una Ponencia de Autogobierno en el Parlamento Vasco, de la que puede que surja una nueva propuesta de Estatuto que reformule el de Gernika y que incluya más competencias para el País Vasco. Para ser aprobado en Las Cortes necesitará en todo caso el apoyo de uno de los grandes partidos del país, algo que no sucedió, por ejemplo, con el fallido Plan Ibarretxe.
Como aseguraba en una reciente intervención parlamentaria, Urkullu cree que existe “la oportunidad de superar el contencioso vasco, con un acuerdo genuino y de integración entre las diferentes sensibilidades ideológicas” que permita “alcanzar un nuevo pacto posterior con el Estado”. Para lograr ese acuerdo el PSOE podría ser clave. El lehendakari quiere “un autogobierno legitimado socialmente en un acuerdo interno” fortalezca a los vascos “para plantear un nuevo pacto con el Estado”. Esto es, a su juicio, un procedimiento “que conecta” con la “tradición foral” sobre la que se han construido las dos experiencias estatutarias de los vascos, una durante la II República, y la otra la que surgió a partir de 1978. Por eso considera que “la historia del autogobierno vasco está escrita”, y que nunca llegarán a buen puerto propuestas “revolucionarias” como las que se plantean desde la izquierda abertzale. “Nuestro autogobierno contiene una reserva expresa de los derechos históricos y su posible actualización”, insistía el lehendakari en respuesta a una interpelación de Pello Urizar, de EH Bildu, hace varias semanas, por lo que sólo a través del acuerdo con el Estado se podría “avanzar en términos de mayor soberanía” y validar “el derecho” a que el pueblo vasco pueda ser consultado “respetando los procedimientos democráticos establecidos”.
En las últimas semanas otro factor explica también el pretendido acercamiento del PNV al PSOE de cara a un futuro acuerdo en Madrid. El discurso en contra del régimen fiscal vasco, que junto al navarro supone una clara excepción en el Estado, ha cogido fuerza entre algunos de los partidos emergentes, especialmente en Ciudadanos, pero también dentro del PP. El Concierto Económico permite a las haciendas forales de las tres provincias vascas gestionar sus propios recursos y regular su relación con el Estado a través del conocido como cupo, que no es más que el porcentaje que dedican las administraciones vascas a cumplir sus compromisos con las arcas públicas estatales. El beneficio originado por el cálculo de ese cupo ha provocado tradicionalmente un rechazo por parte de otras autonomías, que recientemente han verbalizado, entre otros, Albert Rivera o Cristina Cifuentes.
La cita, el viernes 17
A juicio de esta última el Concierto vasco y el Convenio navarro suponen “una discriminación” respecto a otras regiones, por lo que aboga por reformar el modelo. Esto provocó el pasado miércoles una respuesta inmediata por parte de todos los partidos vascos pero, especialmente, por parte del Gobierno vasco que controla el PNV. Su portavoz, Josu Erkoreka, animaba a la presidenta madrileña a “tomar clases urgentes” para “cubrir sus lagunas de conocimiento” sobre el concierto, y aseguraba que lo “desigual e injusto” es que el Estatuto de Gernika aún no se cumpla en su integridad tres décadas después de ser aprobado, ya que aún hay competencias asignadas al País Vasco que sigue ostentando la administración central.
Con su posible pacto con el PSOE los nacionalistas tratarían de blindar ese Concierto Económico e intentarían garantizar un beneficioso cálculo del cupo como ha sucedido hasta ahora, además de tratar de desarrollar hasta el final ese Estatuto de Gernika. El PNV quiere presentarse como un socio con experiencia frente a un posible pacto socialista con Podemos y Ciudadanos.
Pero el papel de los nacionalistas podría volver a generar conflictos internos dentro del PSOE. A pesar de que su secretario general, Pedro Sánchez, se ha vuelto a comprometer esta misma semana a una modificación constitucional en clave federal que contemple las singularidades de algunas comunidades autónomas, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ya ha puesto encima de la mesa algunas líneas rojas que ella no está dispuesta a traspasar, como la unidad de España o la igualdad entre todos los ciudadanos. El primer paso en el camino hacia ese posible acuerdo entre socialistas y nacionalistas vascos podría darse el próximo viernes, 17 de julio, cuando Urkullu y Sánchez se reúnan en Ajuria-Enea, domicilio oficial del lehendakari, con motivo de una visita del líder de los socialistas al País Vasco.
