Ambos partidos se disponen a exigir la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear en cuanto se constituyan las comisiones de la Cámara Baja para que dé cuente de la labor del organismo en la autorización del almacén nuclear, la reapertura de la central de Garoña y por la caza de brujas contra las voces críticas del organismo.
PSOE y Podemos coincidieron en la campaña electoral en proponer el fin de de la energía nuclear en España (éstos con más prisa que aquéllos, pero el própósito era el mismo). Y ahora ambos partidos parecen compartir su intención de exigir que desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), supervisor del sector y encargado de velar de la seguridad de las instalaciones del país, se rinda cuentas por su labor por su polémica gestión entorno a la reactivación de Garoña y a la futura construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radioactivos.
Podemos ya ha dejado claro que no piensa esperar a la investidura de un nuevo Gobierno para lanzarse (y estrenar) su labor parlamentaria. La formación liderada por Pablo Iglesias ha anunciado su intención de presentar una proposición de ley de emergencia social (paralización de desahucios, eliminación de copagos, garantía de suministros energéticos…) en cuanto se constituyan las Cortes. Y Podemos tampoco pretende esperar para iniciar su labor de oposición en una materia que estuvo presente de manera permanente en su campaña electoral, en la que propugnó el cierre de todas las centrales nucleares antes de 2024 y en la que el rechazo frontal a la reapertura de la central de Garoña fue uno de los ejes de la campaña particular de Juan José Uralde, coportavoz de Equo y ahora también diputado de Podemos por Álava.
Los planes de Podemos pasan por pedir con carácter inmediato la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, en el Congreso de los Diputados para que explique las “zonas oscuras” de la gestión del organismo, según confirma el propio Uralde en declaraciones a SABEMOS. “No vamos a esperar a tener Gobierno para empezar a presentar propuestas y comparecencias. Han ocurrido muchas cosas oscuras en estos años en el CSN que es necesario aclarar”. Fuentes próximas al futuro grupo parlamentario del PSOE confirman igualmente su pretensión de hacer que Marti acuda a la Cámara para rendir cuentas.
Pablo Iglesias y Juan José Uralde en la presentación del programa de energía de Podemos en la campaña electoral.
Y esas cosas oscuras que el nuevo diputado de Podemos ve en la gestión del CSN se centran en los expedientes para la autorización del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas y para la reactivación de la central de Santa María de Garoña, y también sobre las denuncias de malas prácticas por parte de los técnicos del centro y la caza de brujas interna en que han derivado. Las Cortes se constituirán mañana mismo y las diferentes comisiones del Congreso arrancarán en un plazo de dos o tres semanas. Y tanto PSOE como Podemos quieren que el presidente del CSN acuda cuanto antes a la comisión de Industria para dar explicaciones.
Durante todo el año pasado el presidente del CSN no acudió a la Comisión de Industria del Congreso a rendir cuentas por las actuaciones del centro en el ejercicio precedente. El CSN remitió el pasado julio a las Cortes el informe de actividades correspondiente a 2014, pero Marti no llegó a comparecer para explicarlo. Diversas fuentes del sector consultadas por SABEMOS entienden que resultaría pertinente que lo primero que hiciera la nueva Comisión de Industria de la Cámara Baja una vez constituida -previsiblemente, a principios de febrero- fuera reclamar la comparecencia del presidente del regulador nuclear precisamente por no haber acudido en 2015.
Una petición de comparecencia que llegará en un momento en que los técnicos del CSN denuncian la politización del centro, su falta de independencia y su querencia por favorecer a las eléctricas, que son a las que el organismo debería controlar. La dirección del CSN –con el presidente Fernando Marti Scharfhausen al frente- ha emprendido una investigación interna para determinar el origen de las graves críticas y también ha cesado a un jefe de área que se opuso a rebajar los criterios para calibrar la gravedad de fallos en las centrales.
Todo ello en un organismo regulador responsable de una materia tan sumamente delicada como la de garantizar la seguridad nuclear en el país. Y todo ello en un momento en que el CSN tiene en su mano temas tan polémicos y tan de calado como la autorización del cementerio nuclear de Villar de Cañas o la reapertura de la central de Garoña, y sobre los que parece haber demasiadas prisas para quemar etapas.
El CSN, en paralelo, ha impuesto el secretismo en torno al almacén de residuos radioactivos de Villar de Cañas y al proceso de reapertura de Garoña. Sólo una veintena de técnicos y directivos del organismo tienen acceso a la documentación sobre el proyecto. Ni siquiera los consejeros del centro pueden disponer de los estudios libremente. Greenpeace, Ecologistas en Acción y Transparencia Internacional intentan desde hace meses conseguir información detallada sobre los expedientes, pero siempre se dan de bruces con el apagón informativo de la dirección del CSN.
