¡Pss! Sres Del Pino, Koplowitz y Cía, Ciudadanos ficha al azote de las Sicav

Rivera sigue sacando pecho

El partido de Albert Rivera presenta hoy la tercera parte de su propuesta económica, el programa fiscal, para la que han contado con el ex presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda y jefe de Inspección de Madrid Francisco de la Torre. Entre sus propuestas, combatir el fraude de la gran empresa, cambiar el régimen de módulos de autónomos y duplicar la plantilla de la Agencia Tributaria.

¿Quiere usted montar una Sicav? Apunte. Reúna al menos a 100 inversores y logre que sumen un capital mínimo de 2,4 millones de euros. Si lo consigue. si fomenta el ahorro en este país tan propenso a endeudarse convenciendo a un grupo de personas de que metan su dinero en una inversión común, dice la ley que se le permitirá que el Impuesto de Sociedades sea solo el 1% del beneficio de la Sicav, en lugar del 25% que debe pagar a Hacienda una pyme por lo que gana. ¿Qué ha ocurrido en España con estos mimbres?

Algunos ejemplos. La familia Del Pino, cuya fortuna creció al calor de Ferrovial, es decir de la gran obra pagada con dinero público, tiene ocho Sicav (Allocation, Chart, Addition, Keeper, Swift Inversiones, Match Ten, Altais y Tosqueta Inversiones). Según la información entregada a la CNMV, las ocho sumaban un patrimonio gestionado a cierre de 2014 de 992,4 millones de euros. Seis de estas sociedades tienen la misma cantidad de inversores: 110. Otra tiene 111 y otra, 112. Es decir, todas al filo de lo que dicta la norma. Sean o no los mismos, los 109 que no son Del Pino son dueños de poco y mandan aún menos. En cuatro de las Sicav, un solo accionista (los Del Pino) controla el 99,99% de las acciones de la sociedad. En las otras es el 99,6%, el 98,48%, el 81,13% y, en la que menos (Altais, que también es la que tiene menos capital invertido), un 59,11%.

La norma no se creó para que sucediera esto. No pretendía el legislador que Alicia Koplowitz reuniese un patrimonio en su Sicav Morinvest de 495 millones de euros a finales del año pasado en una sociedad con 109 inversores (de nuevo al filo del mínimo que marca la norma) en la que, explica el informe a la CNMV, «un accionista es propietario del 99,9%». Si hubiera querido que fuera así, la ley habría establecido un vehículo de inversión para grandes fortunas con tributación baja sin necesidad de que se tenga que buscar a acompañantes, a los que no en vano se conoce como mariachis. 

Dicen que Ciudadanos es el partido del Ibex, la fuerza de centro-derecha que el capital de este país decidió en un momento dado potenciar para contrarrestar el ascenso de Podemos en pleno hundimiento del bipartidismo. Sea o no así, si gana la formación de Albert Rivera, prepárense a aportar al Fisco en consonancia, como poco, con lo que diga la ley. Ciudadanos ha fichado para elaborar su programa fiscal a una de las personas que más ha hablado, escrito, divulgado sobre cómo acabar con las trampas legales, alegales e ilegales que hacen que en este mundo Hacienda no seamos todos. Un convencido de la lucha contra el fraude, un defensor de que «las leyes fiscales hay que cumplirlas y que eso afecte a todo el mundo». Francisco de la Torre, autor del libro ¿Hacienda somos todos? (Debate, 2014), ex secretario general de la Organización de los Inspectores de Hacienda y jefe del equipo de Inspección de Madrid, está «harto de ver que las leyes, ya sean buenas o malas, no se cumplen», comenta a este periódico.

¿Saben cómo se llama el capítulo de su libro dedicado a las Sicav? «Las Sicav o la hipocresía». En él relata cómo se dio carpetazo al plan de inspección masiva a las Sicav que tuvo lugar entre 2004 y 2005. Centenares de ellas fueron inspeccionadas, «muchas de las cuales no cumplían los requisitos de cien partícipes o inversores reales. (…) El resultado no pudo ser más desalentador: las Cortes Generales le quitaron la competencia del control fiscal de las Sicav a la Inspección de Hacienda y la trasladaron a la CNMV. Esto se hizo mediante la aprobación de una enmienda de CiU el mismo día en que se aprobaba el matrimonio homosexual», que por su trascendencia en el avance social se llevó todos los focos mientras Pedro Solbes cumplía con su promesa de acabar con aquel movimiento de la Inspección. «No es de recibo que en un Estado de Derecho los beneficios tributarios se consigan contratando mariachis, es decir, inversores ficticios, lo que en otros ámbitos se denomina testaferros».

Un ejército contra el fraude

«El Gobierno socialista advirtió a los españoles clientes del HSBC que figuraban en la llamada lista Falciani de que regularizasen su situación. El Gobierno del Partido Popular ha hecho una amnistía fiscal que es una vergüenza», añade De la Torre con la prensa aún plagada de informaciones sobre la definitiva caída en desgracia de Rodrigo Rato tras desvelar Vozpopuli que se acogió a dicha amnistía. «Cuando se tiene la sensación de que alguien defrauda impuestos lo que hay que hacer es inspeccionar».  

Sus propuestas, que serán presentadas hoy con todo detalle de cifras, incluyen tanto las que quieren mejorar la recaudación, las que realmente hacen honor a la frase del juez del Tribunal Supremo de EEUU Oliver Wendell Holmes («Los impuestos son el precio que pagamos por la civilización», recogida en la introducción del libro de De la Torre), como las que sirven para concienciar. 

En estas últimas estaría la intención de obligar a que se cumpla la normativa sobre Sicav, lo que pasa necesariamente por devolver a Hacienda su control. «No se van a recaudar miles de millones» de este instrumento, recuerda De la Torre, «las Sicav se prestan mucho a la demagogia» y el resultado de aplicar el Impuesto de Sociedades que paga cualquier otra empresa no pasaría de varios cientos de millones de euros recaudados como mucho. Lo importante aquí es que es difícil convencer a los ciudadanos de que respondan ante el Fisco cuando todo el mundo, sepa o no su funcionamiento concreto, sabe que hay un instrumento que reduce de forma fraudulenta la factura fiscal de un grupo privilegiado.

En la otra vía, la de incrementar la recaudación, De la Torre recuerda que «hay que poner más medios». La Agencia Tributaria ha sufrido durante buena parte de la crisis el recorte de plantilla provocado por la norma que permitía sustituir solo una de cada diez personas que se jubilaban. La escasa plantilla del organismo ha hecho que sea uno de los que menos gasta del mundo por euro recaudado. En parte se debe a unas buenas herramientas tecnológicas pero éstas se ceban en el control de los ciudadanos ya fiscalizados, los que pagan impuestos a través de su nómina. «Hay que poner a personas a perseguir las cosas que no pasan por los ordenadores, las que de otro modo no se detectan», comenta De la Torre. Su propuesta incluye incrementar en un plazo de cuatro a seis años la plantilla de la Agencia Tributaria hasta que alcance los 45.000 efectivos, frente a los 25.000 con que cuenta en la actualidad. 

Solo así sería posible investigar a la gran empresa, a la mediana y a la pequeña porque, en su opinión, que hay una inmensa bolsa de fraude surgida a raíz de la crisis es obvio. La parte del beneficio empresarial que paga impuestos (base imponible) con respecto al PIB se situó en su porcentaje más bajó en 2013. Se ha recuperado algo en el pasado ejercicio pero hay que intentar «llegar a las bases de los grandes impuestos (IVA, IRPF y Sociedades) que había antes de la crisis».

Ciudadanos se atreve con el régimen de módulos

Los detalles se conocerán hoy pero todo apunta a que Ciudadanos se va a meter con el régimen de módulos por el que tributan un buen número de autónomos, una suerte de tarifa plana que, como ha denunciado De la Torre desde su libro y siempre que se le ha preguntado por ello, se ha convertido en un nido de fraude y facturas falsas. Nadie hasta ahora se había atrevido a meterse con este sistema y menos en periodo electoral y teniendo en cuenta que los autónomos son una bolsa de tres millones de votantes.

Otro de los puntos de los que se conocerán hoy más detalles será la intención de Ciudadanos de establecer solo dos tipos de IVA (que podrían ser del 8% y del 16%), lo que suprimiría el IVA superreducido que afecta a productos de primera necesidad, lo que también está levantando una importante polémica.

 

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