El presidente del Gobierno proclama desde La Moncloa que no aceptará «que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos». Pide al Constitucional que notifique personalmente a al Gobierno de la Generalitat y a la Mesa del Parlament las resoluciones que adopte: «Todos ellos tienen que asumir su responsabilidad».
«Pretenden acabar con la democracia y el Estado de Derecho». El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido hoy con solemnidad la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración independentista aprobada el lunes por el Parlamento de Cataluña. Rajoy considera que dicha resolución es un «desafío» al orden constitucional que requiere una respuesta inmediata y a la altura de las circunstancias.
El presidente ha comparecido desde el Palacio de la Moncloa minutos después de que la Abogada General del Estado, Marta Silva, presentara en el TC el recurso contra la resolución que declaró iniciado el proceso de independencia de Cataluña y la insumisión de los poderes de esa región a la ley. Silva daba así cumplimiento a lo acordado por el Consejo de Ministros extraordinario, reunido horas después de que el Consejo de Estado dictaminara que el escrito de la Cámara catalana expresa la «voluntad de desobediencia o desacato» a la Carta Magna, tal y como el propio Rajoy ha recordado.
«No es un juicio de valor, ni siquiera la opinión del Gobierno, es el criterio del máximo órgano consultivo del Estado», ha añadido el jefe del Ejecutivo, para quien la resolución ataca los tres pilares de la democracia española: el Estado de Derecho, la soberanía nacional y la unidad del país. Además, el Parlament ha actuado «arrogándose un poder constituyente que no le corresponde».
Rajoy ha subrayado también la que es principal obligación de los mandatarios públicos: erigirse en «garantes» del marco jurídico vigente y ser «los primeros obligados por la ley». Al situarse al margen de eso, ha continuado, la Cámara catalana ha renunciado a su legitimidad: «Pretenden acabar con la democracia y el Estado de Derecho (…) Es lo que no podemos permitir; yo no lo voy a permitir».
El presidente del Gobierno ha subrayado también que en su respuesta al desafío secesionista cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad española, representada por los principales líderes políticos del país, así como de los agentes económicos y sociales. Dicha respuesta será «proporcional» y le gustaría que no pasara de este recurso pero, en caso de que el independentismo continúe desafiando a la ley, su «compromiso y determinación» es frenar esa insurgencia.
«No voy a aceptar que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos. El Gobierno actuará y lo hará con firmeza y con proporcionalidad, pero no le quepa la más mínima duda de que lo hará (…) Se trata de la defensa de todo un país», ha insistido al ser preguntado sobre qué más medidas tomaría en caso de que el Parlament o el Gobierno catalán adoptara nuevas resoluciones en la misma línea.
El escrito presentado por la Abogacía del Estado señala directamente a 21 altos cargos catalanes y se pide que se les «notifique personalmente la providencia de suspensión que se dicte». Esas atoridades son: el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell; el resto de miembros de la Mesa del Parlament y su secretario general; y los compañeros de gabinete de Mas en el Gobierno autonómico. «Tienen que asumir su responsabilidad», ha asegurado Rajoy.
