En Génova tienen claro que sus días en el poder están contados: Son ya conscientes de que las últimas noticias sobre corrupción han forzado un acuerdo para convertir a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno en coalición con Podemos y con la abstención de Ciudadanos, según ha podido constatar SABEMOS de fuentes muy próximas a la negociación.
Aunque no es la solución ideal para ninguna de las partes, y tiene aún muchos flecos por delante que podrían ponerla en jaque antes incluso de hacerse pública, esta alianza temporal ayudará a satisfacer las necesidades más urgentes de todas las partes implicadas: Colocará a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, garantizando su continuidad al frente del PSOE, situará a Podemos como su socio en el poder, en poltronas que se parecerán mucho a las demandadas por Pablo Iglesias y garantizará a Ciudadanos que, mientras dure su (breve) acuerdo, la palabra ‘referéndum’ o cualquiera que amenace la integridad territorial quedará vetada del Congreso de los Diputados.
Nos enfrentamos pues a una legislatura corta, de dos años de duración, durante la cual se fijará una agenda reformista de gran calado. Entre otras materias a tratar, se llevará a cabo un cambio radical en la ley electoral y se pondrá en marcha una iniciativa como nunca antes se ha visto contra la corrupción.
Los barones socialistas y la vieja guardia reunida ayer para enarbolar una iniciativa contra un pacto con Podemos tendrán poco que discutir a lo planteado: la entrada de Ciudadanos y el aparcamiento de la cuestión territorial aseguran que Sánchez estará en condiciones de cumplir cualquier condición que le imponga mañana el Comité Federal de su partido.
Podemos, por su parte, sí supone una amenaza potencial al pacto, ya que los socios más nacionalistas, concretamente los diputados de En Comú, tienen en su mano desmantelar todo el acuerdo si ven con malos ojos la renuncia a la cuestión territorial. Para que el “gobierno de progreso” que propugnan PSOE-Podemos sea posible es necesario que el grupo parlamentario morado se presente unido, algo complejo teniendo en cuenta que, como ya resaltamos en SABEMOS, en su grupo parlamentario no están sometidos a la disciplina de voto.
Los 90 diputados del PSOE, los 42 que pertenecen estrictamente a Podemos, los 2 de Izquierda Unida (si les sumasen) y la abstención de Ciudadanos no bastarían para superar los de la oposición conjunta, aunque por motivos diferentes, de PP (123 diputados), ERC (9), DL (8), PNV (6), EH Bildu (2) y Coalición Canaria (1). Serían suficientes los votos en contra de los populares y los partidos catalanistas para desarmar esta alternativa. Podemos necesita presentar un frente solidario y llevar a la mesa sus 69 diputados para sumar 159 votos o no superará los 151 escaños que podrían oponerles el resto de fuerzas.
Si bien la opción de un gobierno PSOE-Podemos estaba contemplada como una posibilidad por parte de los dirigentes populares, la contribución de Ciudadanos ha sido impulsada por la exhibición impúdica de nuevas bolsas de corrupción en el PP.
El partido de Albert Rivera estaba en una situación insostenible. El apoyo al PP era imposible sin el respaldo adicional del PSOE, y además se había complicado mucho tras los últimos coletazos de la corrupción en el seno del partido de la gaviota.
Por otro lado, la salida de Rajoy hubiese ayudado a suavizar el golpe, así como una voluntad clara de firmar el tipo de pacto anticorrupción que Ciudadanos ha impuesto en los territorios en los que ha apoyado la gobernabilidad. Pero el Presidente del Gobierno en funciones no estaba dispuesto ni a tocar retirada en forma ninguna ni a pasar por el trago que Rivera hizo beber a Susana Díaz y Cristina Cifuentes.
Imposible, pues, acordar nada con el gallego y, por ende, con un PP totalmente sometido a él. Rivera ha optado por la única vía que le garantiza el cumplimiento de sus objetivos regeneracionistas y de la preservación de la integridad territorial, a lo que intentará sumar elementos claves de su programa, especialmente en materia económica. No tocará pelo gubernamental, siguiendo a rajatabla su doctrina hasta el momento, y presentará una oposición implacable, pero tampoco impedirá la formación de Gobierno siempre que se ciña a unas reglas del juego claras y estrictas.
Lo normal sería, además, que Ciudadanos intentase hacer partícipe al PP de las grandes reformas para intentar hacerlas de consenso y que los 7 millones de votantes populares no queden aislados.
Quede constancia, en todo caso, que el cerrado círculo que es consciente de este pacto no lo ha difundido todavía incluso ni entre las figuras más destacadas de ambos partidos, y que fuentes parlamentarias naranjas consultadas por SABEMOS desmienten el acuerdo aquí explicado. Desmentido que hace particularmente enfático el entorno de Rivera, que subraya que «no hay negociaciones en marcha» y mucho menos aceptación por su parte de pacto de Gobierno alguno. Su intención, ya expresada en público, es lanzar dos mesas de diálogo paralelas -una con PSOE, otra con PP- cuando concluya la ronda de contactos con el Rey y tratar así de desbloquear la situación.
