Ciudadanos exige ya sin contemplaciones la retirada de Rajoy para facilitar el acuerdo de los partidos constitucionalistas. El año pasado forzó la renuncia de una docena de cargos de PP y PSOE a cambio de apoyo en autonomías y ciudades. Pedro Sanz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre los afectados por las líneas rojas del partido naranja.
Hace un año, los diarios aparecían plagados de reportajes explicativos del ascenso de Ciudadanos. La formación naranja daba lugar a sesudos y variopintos análisis que trataban de contextualizar una irrupción meteórica, la segunda en menos de un año que sufría el hasta entonces poco volátil sistema de partidos español.
Su líder copaba el foco en reportajes como Albert Rivera, el hombre tras la crecida de Ciudadanos; El asedio silencioso de Albert Rivera; Albert Rivera, el príncipe azul del Ibex 35. Al tiempo, la prensa internacional le dedicaba cada vez más atención y las críticas le llovían a izquierda y derecha. El PP acuñó el mote Naranjito para desprestigiarle.
C’s ha triunfado haciendo bandera de la regeneración y la lucha contra la corrupción
Rivera entendía y entiende estos ataques como muestra de preocupación de los rivales. Al respecto, alguna vez se le ha escuchado citar el famoso pensamiento de Ghandi: “Primero te ignoran, después se ríen de ti, por último te atacan. Entonces habrás ganado”. Esta semana, en el Congreso, afirmó que los descalificativos de PP o Podemos son “halagos” en comparación a lo que ha vivido en la política catalana enfrentándose al nacionalismo.
La crecida de Ciudadanos se confirmó en las elecciones andaluzas, en el barómetro primaveral del CIS y, sobre todo, en los comicios municipales y autonómicos de mayo. C’s obtuvo más de 1.500 concejales y entró en todos los Parlamentos que se renovaron, salvo el extremeño, el canario y el castellano-manchego.
Fue determinante para elegir decenas de alcaldes y cuatro presidentes, además de la andaluza Susana Díaz. Las negociaciones que fraguaron los pactos tuvieron un común denominador: la exigencia ante el interlocutor de un compromiso nítido con la regeneración y la lucha contra la corrupción. Esa había sido la gran bandera electoral de Rivera y quedó plasmada en programas que incluyeron reformas electorales, eliminación de privilegios políticos o implementación de códigos éticos y de transparencia.
Colección de ‘cadáveres’
Pero, por encima de todo eso, destacaron las ‘cabezas’ que Ciudadanos se cobró antes de apoyar o abstenerse en una votación de investidura. Casi todos los acuerdos fueron acompañados de retiradas de políticos asociados a una etapa que Rivera pretendía -pretende- enterrar. Una cascada de abandonos que ahora se propone culminar forzando el más complejo e importante de todos, el de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno en funciones es una pieza de caza mayor, pero C’s ya la reclama sin ambages, en público y en privado: debe irse para facilitar un acuerdo constitucionalista que abra un nuevo ciclo.
El asedio a Rajoy busca también la empatía del centro derecha desencantado con un político de valoración pésima
La operación persigue ese fin explícito de favorecer el desbloqueo institucional, pero también busca la empatía electoralista del centro derecha desencantado con Rajoy. Al fin y al cabo, es uno de los mandatarios peor valorados del mundo y su relevo es deseado, según las encuestas, hasta por un amplio sector de los votantes del PP. La repetición de las elecciones podría penalizar a un proyecto todavía por cuajar como es el de Ciudadanos, lo que lleva a estudiar al milímetro cada movimiento. La paradoja, ya explicada en este diario, es que si esa retirada se produce y al final hay que ir a nuevos comicios, la campaña se le complicaría enormemente a C’s.
En cualquier caso, esta vez Rivera tiene una complicación añadida para ampliar su colección de ‘víctimas’: no es llave de la gobernabilidad. Solo puede ejercer de puente para que PP y PSOE puedan entenderse y sumarse a una hipotética gran coalición, lo que mengua su capacidad de influencia. Génova y Moncloa no han encajado nada bien la petición de relevo en el PP, solemnizada nada menos que en el debate de investidura de Sánchez.
“Que cada uno mande en su casa”, zanjó el viernes Soraya Sáenz de Santamaría. Los populares han pasado de dar trato de favor al líder centrista a ningunearle, tachándolo de “innecesario”. Se vengan también así del apoyo brindado por Rivera al PSOE, considerado por los populares una “traición”.
C’s tiene difícil sumar esta nueva muesca en el revólver con que ha fulminado a vacas sagradas del bipartidismo. Más que sonadas fueron las marchas de los expresidentes de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, vetados por su responsabilidad política en el escándalo de los ERE. Griñán dejó el Senado y Chaves renunció a volver a ir en las listas al Congreso, facilitando el acuerdo de Rivera con Susana Díaz en junio de 2015.
Sanz, el fin de una era
Llamativo fue también el abandono de Pedro Sanz en La Rioja. Tras 20 años como presidente y pese a haber sido el cabeza de cartel electoral, Sanz cumplió la exigencia de C’s y se hizo a un lado, dejando paso a José Ignacio Ceniceros. La limitación de mandatos es clave para el partido naranja, que no quiere alcaldes o presidentes por más de dos legislaturas. En la negociación con Pedro Sánchez, Rivera estableció como línea roja una reforma constitucional para, entre otras cosas, acotar a ocho años el mandato máximo del Jefe del Ejecutivo.
En @CiudadanosCs hemos conseguido desde la oposición limitar los mandatos de los presidentes autonómicos. Seguimos. pic.twitter.com/ODR2OWOYWl
— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 17 de junio de 2015
Además, Ciudadanos pidió el cese o la dimisión de varios cargos más la primavera pasada. En Murcia, el PP sigue gobernando gracias a que se retiraron el consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, -imputado en la Operación Púnica-; el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana -imputado en el caso Novo Cartagho-; y el secretario general de los populares murcianos, Miguel Ángel Cámara -implicado en el caso Umbra-. También la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, renunció a un nuevo mandato por su presunta vinculación al caso Pagamenta.
En Madrid, el pacto que hizo presidenta a Cristina Cifuentes salió adelante después de que dimitieran los consejeros Lucía Figar y Salvador Victoria, imputados en la Púnica. También fue forzado a apartarse el alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, triplemente imputado.
Íñigo de la Serna, uno de los alcaldes más importantes del PP, conservó el bastón de mando en Santander gracias a que dejaron la Ejecutiva regional popular los regidores imputados de Astillero y Santa María de Cayón, Carlos Cortina y Gastón Gómez.
Una docena de retiradas a la que Rivera pretende poner la guinda en cuestión de semanas.
