Todo parece indicar que la operación de rescate del Santander aún no ha terminado. Se está creando un escenario en el que la entidad presidida por Ana Patricia Botín está anunciando a través de informes depositados en la CNMV que la rentabilidad de la operación del Popular no es la que estimaron en su momento, algo que sorprende cuando, tal y como hemos publicado en Diario16, ya ha conseguido obtener más de 45.000 millones de euros del banco intervenido por la crisis de liquidez provocada por la gestión de Emilio Saracho y el asesoramiento de Uría y Menéndez. Los documentos así de lo demuestran.
En los últimos días hemos visto cómo se ha filtrado a algunos medios datos del tercer informe de valoración de Deloitte, un documento que será publicado por la JUR de nuevo censurado. Según esos datos, hay un escenario de la situación del Popular de -34.000 millones de euros.
Supuestamente, se arruinó a más de 305.000 familias para que el rescate encubierto del Santander no tuviera ningún coste para los ciudadanos, es decir, que no se hubiese necesitado dinero público a pesar de que la propia Deloitte reconoció que el camino que se adecuaba a la legislación española era la del concurso de acreedores. Sin embargo, ahora el Santander podría reclamar a la JUR, es decir, a Europa, 19.300 millones de euros porque, en base a las pérdidas filtradas en el tercer informe de valoración, hay una diferencia entre las pérdidas que asumió y esos -34.000 millones de euros que ahora dice Deloitte que tenía el Popular, datos que no son en absoluto un reflejo de la realidad del banco. ¿Estamos ante la segunda fase del rescate del Santander? ¿Se ha planteado el tercer informe de valoración como la coartada perfecta para justificar que la entidad presidida por Ana Patricia Botín reciba decenas de miles de millones de euros? Todo parece indicar que sí.
Estos movimientos del Santander demuestran que, o está muy bien asesorado o su lobby de presión es muy efectivo, porque las valoraciones no pueden recurrirse por separado de la resolución, tal y como indica la normativa europea.
Por otro lado, hay que recordar también una primera valoración de la JUR que se basa en los datos del Popular a 31 de marzo de 2.017 en base, precisamente, a la directiva anteriormente citada. En esta valoración, la JUR dice que no puede afirmar que el Banco sea insolvente. También dice (creo que culpando al BCE) que la autoridad de resolución (JUR) no tiene indicios para considerar que el Grupo Banco Popular:
- incumpliera requerimientos de capital para que se le pueda quitar la licencia;
- que sus activos sean o puedan ser en un futuro próximo menores que sus pasivos.
Es decir, que esa valoración de la JUR indicaba que el Popular tenía muy buena salud.
Recordemos algunos datos que ya publicamos en Diario16 que demuestran, en base a los datos publicados por el propio Santander, que hay graves necesidades de liquidez y capital en la entidad cántabra. Respecto a la ratio LCR (liquidez) a principio del año 2.017 se encontraba aproximadamente en el 100%, siendo exigido para ese año un mínimo del 80%, y siendo la media de dicho coeficiente del 138% en la banca de la Unión Europea. Durante los últimos años, el Grupo Santander estuvo escondiendo dicho coeficiente, y solo con la adquisición del Banco Popular ha sido cuando lo ha plasmado. Para finales del 2017 y con la adquisición del BPE, se sitúa dicho coeficiente en el 133%, es decir, 5 puntos por debajo de la media europea.
El Santander necesita realizar un enorme esfuerzo para poder cumplir con los criterios mínimos que le permitan estar dentro del grupo de los bancos sistémicos globales. Para ello deberá cumplir con los criterios exigidos en las normas TLAC, aunque también le corresponde esforzarse para mejorar las ratios y coeficientes puesto que, aun cumpliendo con los mínimos exigidos por el BCE, está a mucha distancia de las medias del sector financiero español y europeo. La integración por un euro del Banco Popular en el Grupo Santander lo está reportando grandes beneficios y mejoras en las cuentas, algo que, sin embargo, es insuficiente para cumplir con los criterios mínimos exigidos por los reguladores. De ahí la filtración de esos datos que justificarían que se utilizara un 30% de la cantidad total del rescate bancario español para salvar al Santander con dinero de todos los europeos; de ahí que el banco presidido por Ana Patricia Botín envíe un informe a la CNMV en el que dice que el Popular no tendrá la rentabilidad que se esperaba a pesar de haber sacado ya más de 45.000 millones gracias al Popular.
Tanta es la necesidad de liquidez del Santander que el Popular disponía de unas provisiones propias de 11.900 millones de euros y, con la venta de activos, tanto inmobiliarios como los créditos fiscales, ha dejado esas provisiones en 4.500 millones. El Santander reconoce que está obligado a provisionar por las cláusulas suelo cuando, en realidad, ese concepto el Popular lo tenía bien provisionado.
¿Cómo estará en realidad el Santander para tener que presionar a España y a Europa para que le salven? El Popular, al parecer, no ha sido suficiente, ¿qué lo será? Ahora es el momento en que la nueva administración de la economía española dé un paso al frente y no se someta a las presiones de quien está acostumbrado a que sean otros los que le allanen el camino.
