La reforma de la Constitución ha sido motivo de controversia en el seno del Ejecutivo desde que en septiembre de 2012 el presidente de la Generalitat, Artur Mas, lanzara su órdago secesionista. En estos tres años no han cesado las presiones por parte de destacados miembros del Gobierno para cambiar la opinión inmovilista del jefe del Gabinete, Mariano Rajoy. Según cuentan a SABEMOS fuentes bien informadas del entorno de la Moncloa, las opiniones de la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Exteriores, Soraya Sáenz de Santamaría y José Manuel García-Margallo, respectivamente, han terminado por convencer a Rajoy.
Las mismas fuentes hacen hincapié en que tres han sido los motivos que han llevado al presidente del Gobierno a cambiar de criterio: el primero, el decreto de elecciones anticipadas que Artur Mas firmó el pasado día 3; el segundo, la ofensiva del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha nombrado un equipo de expertos para redactar la propuesta socialista sobre la reforma constitucional; y, el tercero, la presiones en determinados sectores del Ejecutivo, que ven en los cambios en la Carta Magna un freno a las ansias independentistas del nacionalismo catalán.
La vicepresidenta del Gobierno –abogada del Estado y experta en Derecho Constitucional- lleva meses haciendo llegar al jefe del Ejecutivo su opinión de que son imprescindibles determinados cambios en la Carta Magna. Soraya Sáenz de Santamaría es de la opinión de que necesitamos ser más eficaces en nuestro Estado del bienestar y el de las Autonomías, desde el punto de vista de los ingresos y los gastos públicos, es decir, de la inversión social.
Para la número dos del Ejecutivo, son necesarios ciertos retoques en la Constitución que ayuden a relajar la tensión nacionalista. A su parecer, se debe construir un sistema de ingresos que sea mucho más equitativo y progresivo, que ayude a crecer a la economía y a crear empleo. Para ello, según Sáenz de Santamaría, es fundamental cómo se reparte el bienestar y qué se hace con los impuestos que les corresponden a las comunidades autónomas y los entes locales, para la mejor financiación de los servicios públicos.
La vicepresidenta apuesta la igualdad de los territorios
En opinión de la vicepresidenta, la reforma constitucional pasaría por un nuevo pacto fiscal, que determine la financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos con el objetivo de tener unos servicios públicos de calidad que hagan a los españoles más iguales y más solidarios.
Está por ver cómo compaginaría la vicepresidenta del Gobierno un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de todos los territorios y ciudadanos con el mayor autogobierno, no sólo de Cataluña, sino el de todos aquellos gobiernos regionales que lo soliciten.
Aunque enfrentado desde el comienzo de la legislatura con la vicepresidenta del Gobierno, el ministro José Manuel García-Margallo, mantiene una opinión similar: uno de los principales problemas de fondo y de funcionamiento de la Constitución es el de la financiación autonómica, que en opinión del titular de Asuntos Exteriores debió afrontarse en el 2013 y no se hizo debido a que no había dinero para repartir, según Cristóbal Montoro, dada la galopante crisis económica.
El modelo que propugna García-Margallo se basa en un sistema de frenos y contrapesos en torno a la responsabilidad fiscal, manteniendo el fondo de nivelación de las comunidades autónomas, pero dentro del principio de ordinalidad.
La novedad que ofrece la ordinalidad es que crea incentivos para ser regiones ricas y sigue ofreciendo transferencias, pero no da incentivos a seguir siendo regiones pobres, como sucede ahora, ya que éstas reciben más dinero per cápita. La ordinalidad –por la que apuestan tanto el Gobierno catalán como el PSOE- soliviante a las regiones más desfavorecidas, ya que, según dicen éstas, no debe haber límites a la solidaridad.
Intentos por cambiar la opinión de que el PP es inmovilista
Otros ministros como la titular de Fomento, Ana Pastor, el de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Justicia, Rafael Catalá, también han manifestado su parecer, durante estos últimos meses, de que modificar algunos aspectos de la Carta Magna tendría efectos positivos ante el órdago secesionista de Cataluña y servíría para cambiar la visión que tienen diversos sectores de la opinión pública de que el Partido Popular está instalado en el inmovilismo.
Precisamente, el ministro de Justicia se encargó la semana pasada de abrir la espita de la reforma constitucional en una entrevista con una agencia de noticia, lo que motivó que el jefe del Ejecutivo tuviera que salir al día siguiente a confirmar el propósito del Gabinete de llevar a cabo un proceso de cambios en la Carta Maga, eso sí, durante la próxima legislatura, ya que en la actual no daría tiempo.
Rajoy sigue apostando por el informe del Consejo de Estado
Según las fuentes consultadas por SABEMOS, frente a las veleidades del PSOE, la intención del presidente del Gobierno es apostar por el informe de reforma constitucional que elaboró el Consejo de Estado en 2006, a petición del Ejecutivo socialista que presidía aquel año José Luis Rodríguez Zapatero. Precisamente, es el mismo informe al que se opuso José María Aznar, miembro entonces del Consejo de Estado.
La reforma constitucional que propuso en su día el Consejo de Estado pasa por cuatro ámbitos: el primero, la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono; el segundo, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea; el tercero, la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas; y, el cuarto, la reforma del Senado.
En ese tercer punto es donde el PP incluiría la delimitación clara de competencias de las comunidades autónomas y la revisión de la financiación de éstas.
