El Consejo de Transparencia obliga al Ministerio de Industria a difundir la relación de todas las reuniones internas y con compañías energéticas que sirvieron para diseñar el real decreto que regula el autoconsumo eléctrico.
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El pasado octubre, apenas dos meses antes de las elecciones generales del 20-D, y a pesar de enfrentarse al rechazo unánime de toda la oposición, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula el autoconsumo eléctrico. Que lo regula y que, según denuncia toda una legión de detractores, directamente lo hace inviable.
La regulación impulsada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, impone nuevos cargos que deben pagar los que se atrevan a convertirse en autoconsumidores, tanto un coste fijo por la potencia instalada en casa como uno variable por la electricidad consumida. Unos nuevos cargos a los que los críticos les han asignado la etiqueta –efectista y ya muy popularizada- de impuesto al sol.
Los trabajos para la elaboración del real decreto venían de largo, de muy largo. El Gobierno llegó a manejar varias versiones del texto, y en los últimos dos años se han ido introduciendo cambios atendiendo algunas de las reclamaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) y, en menor medida, del sector fotovoltaico.
En ese largo proceso los representantes del Ministerio de Industria –singularmente de la Secretaría de Estado de Energía- han mantenido decenas de reuniones para su elaboración. Y ahora el Gobierno va a tener que desvelar toda la agenda de reuniones mantenidas para diseñar el impuesto al sol y, en concreto, deberá revelar con qué empresas energéticas afectadas por el decreto mantuvo encuentros para negociar el contenido del decreto.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTyBG), el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, ha aprobado una resolución en la que obliga al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a difundir en el plazo de un mes un listado con todas las reuniones internas y con terceras partes en las que se tratase la elaboración del real decreto entre 2013 y 2015. Y el Gobierno deberá detallar el nombre de los asistentes a esas reuniones cuando se traten de cargos de relevancia del Ministerio o de representantes de compañías eléctricas cuyos intereses se vieran afectados por la normativa.
Asimismo, Industria deberá difundir el contenido de todas las alegaciones –cerca de 16.000- formuladas en el doble trámite de audiencia (en junio de 2013 y en junio de 2015) abierto durante la elaboración del decreto. Esas alegaciones se remitieron a la CNMC y al Consejo de Estado en las diferentes fases de tramitación de la norma, pero su contenido no se hizo público… hasta ahora.
La resistencia de Industria
El pasado 4 de diciembre, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) presentó una solicitud formal al Ministerio de Industria en el que le requería un listado de todas las reuniones relacionadas con la elaboración del real decreto de autoconsumo, las actas de los encuentros, la identidad de sus asistentes y todos los documentos remitidos por terceras partes para el diseño de la nueva regulación.
Dos semanas después, desde el Ministerio se daba un ‘no’ por respuesta, justificando la negativa a entregar la información en que se trataba de documentación interna y que tendría que ser reelaborada para poder hacerse pública. El 17 de diciembre, la Px1NME presentó una reclamación ante al Consejo de Transparencia para conseguir que se le facilitaran todos esos documentos.
El CTyBG tuvo que dar traslado de la reclamación a Industria hasta en tres ocasiones en el plazo de dos meses ante la falta de respuesta del propio Ministerio. El Consejo de Transparencia resolvió finalmente el pasado 10 de marzo estimando parcialmente la reclamación de la Plataforma [ver documento completo].
Un duro ‘impuesto al sol’
El real decreto de octubre impuso una seria de cargos que deben abonar las empresas y los particulares que opten por el autoconsumo eléctrico. De estos recargos sólo quedan exentos aquellos hogares que decidan desengancharse por completo de la red eléctrica general: lo que resulta un impedimento crucial, porque la mayor parte del consumo de las viviendas y pymes se realiza en horarios en que no se puede producir electricidad con el sol, así que hay que utilizar la red como sistema de apoyo.
Y también quedan exentos aquellos que, aun estando conectados a la red, tengan instalaciones con una potencia inferior a 10 kw (que dejarán de pagar sólo la parte variable, de la fija no se libran) y/o sean residentes en Canarias y Baleares. El resto pasan por caja.
El decreto vigente también contempla un sobrecargo específico para los que cuenten con baterías para almacenar parte de la electricidad producida por sus paneles solares (fundamental para los que quisieran ser más eficientes y reducir aún más el consumo de la red); incluye trabas burocráticas como la inscripción en un registro de autoconsumidores y la solicitud de un informe de conexión a las compañías eléctricas; recoge barreras técnicas como la obligación de colocar los equipos de medida en un lugar accesible y cerca del punto de conexión a la red de distribución, lo que encarece la instalación dado que el punto de generación eléctrica puede distar mucho del punto de conexión; y queda prohibido compartir las instalaciones de producción entre varias personas.
Además, el decreto español establece en este ámbito dos categorías diferenciadas de autoconsumidores en función del tamaño de su instalación. Los pequeños productores, con instalaciones con una potencial inferior a los 100 kilovatios, pueden verter a la red el sobrante de su energía, pero no percibirán nada (ni un euro) por ello. Pueden aportar electricidad a la red, pero regalándola.
Los grandes productores, con equipos de más de 100 kilovatios, sí que cobrarán por la electricidad vertida y lo harán al precio del mercado mayorista en el momento en que se realice el vertido. Pero el tratamiento de esta actividad es jurídica y fiscalmente igual a que recibe cualquier otro gran generador de energía del país, y se tendrá que asumir además el peaje a la generación (0,5 euros por cada MWh) y el impuesto del 7% sobre la producción.
