El ministro de Industria anuncia un cálculo basado únicamente en la hipótesis (más que improbable) de que España dejara de producir por completo energía nuclear por no contar con un almacén donde depositar en el futuro sus residuos. Las críticas al proyecto no cuestionan la necesidad de un almacén para la basura nuclear, sino que dudan de la calidad de los terrenos de Villar de Cañas para albergar una instalación de estas características.
La batalla política por el cementerio nuclear no deja de avivarse. Tras la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de conceder la autorización previa al almacén nuclear de Villar de Cañas, los movimientos de detractores y defensores del proyecto no han dejado de sucederse. Y los cruces de declaraciones, con más o menos rigor, han sido continuos.
El pleno del CSN concedió el pasado lunes, con condiciones, la autorización de emplazamiento al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de la localidad conquense, lo que en la práctica supone dar por buena la ubicación elegida para albergarlo, a pesar de las serias dudas de los técnicos sobre la calidad de los terrenos. Varios informen cuestionan que la composición de los suelos, con yesos y materiales arcillosos, sea la mejor para construir un almacén de residuos radioactivos, ya que existe el peligro de que se produzcan oquedades en el entorno del silo.
Una vez conocida la decisión, el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, ahora comandado por el socialista Emiliano García-Page, ha maniobrado para intentar paralizar el proyecto. El consejo de Gobierno regional ha iniciado ya los trámites para ampliar una zona protegida por su interés medioambiental hasta conseguir que dentro de sus límites se encuentren los terrenos elegidos para ubicar el almacén nuclear. Con esta medida, el Ejecutivo regional haría imposible que se iniciaran las obras del silo.
¿Subirá un 30% la luz? Sólo si todas las nucleares dejaran de funcionar
La primera respuesta del Gobierno central, por boca de su ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido la de recordar que el Ejecutivo puede declarar el proyecto de interés nacional, con lo que invalidaría la medida con la que Castilla-La Mancha trata de bloquear el almacén. La siguiente respuesta ha sido la del ministro de Industra, José Manuel Soria, también ayer, que ha intentado meter miedo al personal dando por hecho que el recibo de la luz podría subir hasta un 30% si España no cuenta con un cementerio nuclear.
El cálculo del ministro Soria -cuyo departamento ha intentado acelerar el proyecto pidiendo al CSN que anticipara la aprobación de informes aunque no estuvieran completos– se basa en la hipótesis de que la paralización del ATC implicaría la suspensión de toda la actividad de las centrales nucleares del país. Según su estimación, paralizar la producción de las siete centrales hoy activas «encarecería entre un 25 y un 30% el precio de la factura», según informa Europa Press.
Sin embargo, las críticas sobre este asunto se centran en cómo se está gestionando la tramitación (con prisas y sin esperar a todos los estudios técnicos) y en la ubicación elegida para albergar el almacén, cuyos terrenos parece no disponer de la calidad necesaria. Pocos dudan de la necesidad de que España cuente con un almacén centralizado donde localizar los residuos generados por las centrales nucleares, y los ataques se centran en la ubicación elegida
Esto es, parece que hay acuerdo sobre la necesidad de construir un ATC, pero no sobre dónde debe estar. Y la posibilidad de que un retraso en la construcción del ATC, por tener que elegir otra localización, provocara una paralización de las centrales por no tener dónde colocar sus residuos es poco probable.
La calidad de los terrenos de Villar de Cañas pueden no ofrecer todas las garantías de seguridad por su composición. Y, de hecho, las exigencias adicionales sobre cimentación de la instalación y sobre el diseño harían que la instalación fuera segura, pero también dispararían el coste del proyecto y el tiempo necesario para completar los trabajos. Expertos del sector nuclear consultados por SABEMOS entienden que el presupuesto de las obras (previstos en cerca de 1.000 millones de euros) podría dispararse hasta superar ampliamente los 1.300 millones. Y frente a la previsión del Ministerio de Industria de tener el almacén operativo a finales de 2017, los trabajos adicionales que exigirían los terrenos podrían ampliar los plazos hasta 2020 o 2021.
Un problema: la basura nucelar que vuelve de Francia
Las prisas del Gobierno se deberían a que los residuos nucleares de la central de Vandellós (que sufrió un incendio en 1989) deben regresar de Francia, donde están almacenados desde hace años, en 2018, según ha dicho Soria (en realidad el acuerdo con las autoridades galas fija que la vuelta se debería producir a finales de 2017). Y no cumplir esos plazos, según el ministro, implicaría un sobrecoste de 22 millones al año (fuentes del sector confirman a SABEMOS que, en realidad, se acercaría más a 25 millones anuales, a razón de 67.000 euros al día de sanción).
La construcción de un ATC viene ya recogida en el sexto Plan General de Residuos Radioactivos, que data de 2006. En un principio se pretendía que el almacén estuviera ya operativo en 2010. Cuando el Gobierno de Rajoy aceleró el proyecto, el objetivo es que estuviera listo en 2016. Y, ahora, con suerte, en 2016 sería cuando comenzarían las obras de construcción.
El ATC lo impulsó ZP, Villar de Cañas la eligió el Gobierno de Rajoy
Soria dijo ayer que el proyecto de construir de un ATC es una herencia del anterior Gobierno socialista, subrayando que «con muy buen criterio» su antecesor, Miguel Sebastián, se lo pasó como una cuestión «totalmente cerrada». Sin embargo, la elección de Villar de Cañas para ubicar el cementerio nuclear se produjo en diciembre de 2011, con el Partido Popular ya en el Gobierno y con José Manuel Soria ya como ministro de Industria (y con Fernando Marti como secretario de Estado de Energía, que actualmente ocupa la presidencia del CSN).
En paralelo, Soria subrayó ayer que su departamento esperará a que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emita su declaración de impacto ambiental (DIA) sobre el proyecto para dar su autorización. «Solamente cuando haya esa declaración y sea favorable, entonces el Ministerio [de Industria] procederá a aprobar la autorización del ATC», explicó, apuntando que el proceso se completaría «a lo largo de los próximos meses».
Sin embargo, Industria solicitó al CSN que anticipara la aprobación de una parte de su informe de impacto radiológico (una parte que sólo evalúa el impacto cuando el almacén funciona con normalidad, y no lo hace en caso de accidente) para que el Ministerio de Medio Ambiente pudiera ir elaborando la declaración de impacto ambiental. Pero Medio Ambiente no parece dispuesto a trabajar en la DIA hasta contar con el informe completo que aún debe terminar de elaborar el CSN. Así que los intentos de Industria, en lugar de aligerar el proceso, pueden acabar por ralentizarlo.
