En la última junta de accionistas del Santander el accionista minoritario Eduardo Martín Duarte acusó a Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique e Ignacio Benjumea de un presunto delito societario en el que se habrían defraudado 50 millones de euros a los accionistas del banco.
En su intervención solicitó la dimisión o remoción de todo el consejo de administración, acusándole de inacción ante la denuncia de un delito societario presuntamente cometido por los miembros del comité ejecutivo, denunciado el verano de 2017 al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Secretaria General del Tesoro y comunicado a los consejeros “independientes” del banco, a su secretario general, Sr. Pérez Renovales, y los directores de cumplimiento, Sra. López-Monís, de auditoría, Sr. Guitard, y de comunicación, Sr. Cendoya; sin que ninguno haya realizado actuación alguna de investigación o instado acciones judiciales para la restitución de los bienes al banco, inexplicable inacción que implicaría el amparo de hechos de apariencia delictiva.
Los hechos, ya denunciados en Diario 16 con anterioridad, se refieren a la venta por el Santander de una finca de 480.000 m2 en Mijas (Costa del Sol, Málaga) por 450.000 euros, cuando su valor supera los 50 millones de euros. Los presuntos beneficiarios de dicha venta serían los miembros del comité ejecutivo del Santander, entre ellos Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique e Ignacio Benjumea, que se ocultarían tras una sociedad testaferra, Vertientes de Calahonda SL, que fue constituida por un abogado del banco, Alberto Arrupe Ferreira, y testaferros del paraíso fiscal y bancario de Liechtenstein, hermanos Batliner, conocidos por múltiples escándalos de evasión y blanqueo de capitales de narcotraficantes, mafiosos, dictadores y diversos banqueros europeos.
El accionista minoritario le pidió a Ana Patricia Botín que explicase a los accionistas del banco:
- ¿Por qué una finca urbanizable en Mijas, plena Costa del Sol, de más de 480.000 m2 se vendió, con la autorización de los miembros del comité ejecutivo del Santander, por 450.000€, es decir por menos de 1€/m2, cuando su valor supera los 50 millones de euros y cuando un tercio de la misma ha sido valorada por el Jurado Provincial de Expropiación de Málaga en más de 20 millones de euros?
- ¿Por qué se vendió dicha finca, curiosamente, un día antes de que su expropiación fuese publicada en el BOE, a una sociedad testaferra, Vertientes de Calahonda, que ni siquiera estaba inscrita en el Registro Mercantil cuando se otorgó la escritura pública de compraventa?
- ¿Si los beneficiarios del fraude eran los miembros del comité ejecutivo del banco escondidos tras testaferros?
- ¿Si el dinero de la finca de Mijas había ido a parar a los 2.000 millones de euros que la familia Botín ocultaba en el banco HSBC de Suiza; y que salió a la luz con la aparición de la lista Falciani? (Lista Falciani de actualidad al haber sido recientemente detenido su filtrador, Hervé Falciani, por orden de la Audiencia Nacional a petición de Suiza)
- ¿Si el Santander utiliza los mismos fiduciarios, hermanos Batliner, relacionados con escándalos de blanqueo y evasión de capitales de narcotraficantes colombianos, mafiosos, miembros del crimen organizado ruso y dictadores?
El abogado de Inversión Hogar y accionista minoritario del Santander terminó su intervención solicitando que se restituyese al banco y sus accionistas el dinero defraudado e instando al consejo de administración para que se marchase con los presuntos corruptos, enchufados (como denunciamos en Diario 16) y palmeros y diese paso a un equipo de profesionales sin lazos familiares, sin escándalos y esqueletos en el armario; y mencionó expresamente a Diario 16 para todo aquel que quisiera conocer más del caso.
En el turno de respuestas, ninguna de las concretas preguntas del accionista fueron respondidas por Ana Patricia Botín, que con mendaces evasivas escurrió el bulto, y como dice el refranero español “el que calla otorga”. ¿A qué se deben los pretextos y el silencio de la Sra. Botín a las precisas preguntas del accionista? ¿Por qué la Sra. Botín no se comprometió a investigar los hechos y llevar a cabo las actuaciones necesarias para restituir el dinero defraudado al banco?
Los pretextos y evasivas, silencio aquiescente y falta de compromiso para restituir el dinero defraudado, podrían llevarnos a concluir que “el que calla otorga” y que, efectivamente, el fraude a los accionistas del Santander se habría producido y que los beneficiarios del mismo serían los miembros del comité ejecutivo que no están dispuestos a devolverlo, razón por la que no se ha llevado a cabo ninguna investigación de los hechos ni se han instado actuaciones judiciales para anular la fraudulenta transmisión y restituir los bienes al banco y sus accionistas. Es lógico pensar que si el fraude lo hubiese cometido un empleado del banco la transmisión hubiera sido rápidamente impugnada judicialmente por el Santander para que le fuera restituido el daño, pero al no haberse instado ninguna acción judicial con tal fin la conclusión más lógica es que los beneficiarios del fraude son los miembros del comité ejecutivo del Santander que no quieren devolver el dinero.
La presidenta, además de no contestar a la preguntas mencionadas, falto a la verdad manifestando que la actuación del banco había sido correcta como habían reconocido sentencias judiciales, pretexto que es rotundamente falso por cuanto no existe ninguna resolución judicial ni de ningún otro tipo sobre el presunto fraude de la finca de Mijas.
Todo ello con el consentimiento de los consejeros “independientes”, la alta dirección del Santander y los supervisores, Banco de España, CNMV y Secretaría General del Tesoro, que conocen los hechos por las denuncias de Inversión Hogar interpuestas en 2017 pero no han hecho nada hasta la fecha.
Posteriormente, el accionista minoritario ha requerido por burofax a Ana Patricia Botín para que lleve a cabo las actuaciones necesarias para que se restituyan los 50 millones de euros al Santander. No se ha recibido respuesta lo que indicaría que existe algún motivo por el que la presidenta del Santander no quiere que se restituya ese dinero al banco.
Esta conducta evasiva y poco transparente, ocultando hechos a sus accionistas, sin responder a sus preguntas y sin llevar a cabo las acciones necesarias para restituir los 50 millones de euros defraudados, no es la forma de ganarse la confianza y fidelidad de los accionistas que preconiza el banco, ni se ajusta a la participación informada en las juntas de accionistas de la que presume el Santander ni al reto y compromiso de ética y conducta con valores y comportamiento responsable y mejores prácticas en gobierno corporativo al que se refirió Ana Patricia Botín en su exposición. Para que los accionistas realmente se sientan esenciales, como manifestó el consejero delegado Sr. Álvarez, no se les puede defraudar 50 millones de euros ni ocultar y amparar ese fraude con una actuación poco transparente, poco ética y poco responsable.
