Los ingresos del Sistema procedentes de cotizaciones crecieron solo un 1,1% en los dos primeros meses del año (183 millones) a pesar de que había 459.519 afiliados más. La causa, explica el informe de la Intervención del Estado, está en la bonificación de la contratación indefinida con cargo a la Seguridad Social.
La Seguridad Social es una caja de tres compartimentos: el Sistema de Seguridad Social, que tiene como principal cometido atender las pensiones; el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que responde de las prestaciones por desempleo, y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Los tres, dado que se alimentan en su mayor parte de las cotizaciones sociales, han estado sometidos a un alto nivel de estrés durante la presente crisis, en la que el gran protagonista ha sido y es el paro. La reforma laboral, que facilitó el despido, y la devaluación salarial, ya fuera por rebajas de salarios a cambio de evitar despidos o por sustitución de empleo de calidad por otro más barato, ha contribuido a mermar los fondos que recibe la Seguridad Social.
Sin embargo, es el compartimento que responde de las pensiones, ése que dicen que no es sostenible por la estructura demográfica del país, el que está sufriendo, además del descenso de las cotizaciones derivado del menor número de afiliados a la Seguridad Social y los sueldos más bajos, un segundo golpe en los ingresos provocado por las políticas de fomento del empleo encaminadas a fomentar la contratación indefinida. El Gobierno decidió bonificar a las empresas que realizasen estos contratos cargando el peso a la espalda del futuro de las pensiones y eso, como si de una profecía autocumplida se tratase, ha provocado que incluso aunque haya repuntado la afiliación a la Seguridad Social con respecto a 2014, la aportación de las cotizaciones no crezca con la misma fuerza.
El último dato que lo demuestra es de ayer, cuando se dio a conocer el informe de febrero de las cuentas de la Administración Central, la Regional y los Fondos de la Seguridad Social. Los ingresos del sistema derivados de cotizaciones sociales en los dos primeros meses del año crecen con respecto al mismo periodo de 2014, pero solo un 1,1% (183 millones), situándose en 16.714 millones de euros. Una cifra muy modesta teniendo en cuenta que el número de cotizantes con respecto al cierre de febrero de 2014 se ha incrementado en 459.519, (un 2,8%). Las cifras indican que la aportación media por cada nuevo cotizante no llega a los 200 euros al mes, incluida la parte que paga el empleado y la del empleador. El propio informe de la Intervención General del Estado explica el motivo: «el efecto del Real Decreto-Ley 3/2014, de 28 de febrero, que aprueba una tarifa reducida para las cotizaciones sociales por contingencias comunes (enfermedad común y pensiones) en los contratos indefinidos que supongan creación de empleo neto durante 36 meses».
En los dos últimos años, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha elegido el Debate sobre el Estado de la Nación para anunciar, como una de las medidas estrella, una fórmula para reducir las cotizaciones sociales de las empresas a cambio de que contraten con carácter indefinido. Las cotizaciones que se rebajan son las que cubren las contingencias comunes, que son las pensiones y las enfermedades que no se derivan de la actividad profesional, es decir, las enfermedades comunes. Sí se ha mantenido el mismo pago en la nómina de las cotizaciones que pagan las enfermedades profesionales, el desempleo, la aportación al Fogasa y la formación profesional.
En febrero de 2014, el anuncio de Rajoy fue la llamada tarifa plana, que reducía a 100 euros las cotizaciones sociales del empleador que contratase con carácter indefinido y por un plazo de tres años siempre que crease empleo neto. Podía incluso despedir a un trabajador con un mejor salario y mayores derechos y sustituirlo por un trabajador en precario que, si había creación neta de empleo, se beneficiaba de la tarifa plana. Esos 1.200 euros al año suponían que, para un sueldo bruto anual de 20.000 euros de un trabajador contratado de forma indefinida a tiempo completo, el empleador se ahorraba 3.520 euros en cotizaciones. La tarifa, a la que dejaron de poder acogerse las empresas con nuevos contratos el pasado 31 de marzo, podía quedar en 75 e incluso 50 euros en caso de que el contrato fuese indefinido pero a tiempo parcial.
En el Debate sobre el Estado de la Nación de este año Rajoy volvía a ponerse bajo los focos para anunciar un nuevo incentivo a la creación de empleo estable. En este caso se ha fijado un mínimo exento en el pago de cotizaciones por contingencias comunes de forma que los primeros 500 euros de salario no pagarán nada durante dos años. Para las empresas con menos de 10 trabajadores se amplía un año más en el que estarán exentos de pagar cotizaciones los primeros 250 euros del salario. La reducción va a cargo de nuevo de las espaldas del sistema de la Seguridad Social, salvo en el caso de los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuyos contratos irán bonificados con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Mientras se suceden estas medidas, los gastos del Sistema de la Seguridad Social siguen creciendo, tanto por el mayor número de pensiones contributivas (el número de perceptores aumentó un 1,3% entre febrero de 2014 y el mismo mes de este año), como por el incremento de la pensión media mensual, que se situó en 881,5 euros frente a los 866,57 euros que arrojaba un año antes. El crecimiento de los gastos del Sistema fue del 4%, situándose a finales de febrero en 18.333 millones.
Las cotizaciones sociales a cargo del empleador (incluidos todos los conceptos, no solo las de contingencias comunes) alcanzaron los 94.705 millones de euros en 2008, su punto más alto. En 2013 se quedaron en 81.472 millones (10.500 millones de euros menos). En 2014 repuntaban gracias a la mejora del mercado laboral hasta situarse en 83.819 millones.
Otro pellizco al Fondo de Reserva de las Pensiones para la extra de verano
La Seguridad Social ha tenido un déficit anual desde 2012 situado en torno a 10.000 millones de euros. El Gobierno no ha dudado en utilizar para solventar esa situación el Fondo de Reserva de las Pensiones, creado en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar en base a los superávit que iba logrando la Seguridad Social. El Fondo de Reserva llegó a tener 66.815 millones en el año 2011. Rajoy quitó el tope de retirada y lo ha usado de forma creciente en los últimos tres años (7.000 millones en 2012; 11.648 millones en 2013 y 15.300 millones en 2014), lo que ha dejado el saldo a finales de 2014 en 41.634 millones, un 37% menos que cuando se alcanzó el punto máximo. En 2015, por primera vez, se espera que se reduzca la cantidad extraída, aunque según reconoció hace unos días Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, es probable que vuelva a utilizarse para la paga extra de verano aunque sea en una cantidad inferior.
De momento lo que se sabe es que los Presupuestos Generales del Estado para 2015 prevén que se usen 8.447 millones del Fondo de Reserva.
El paro de larga duración reduce un 13,7% los beneficiarios de prestación por desempleo
El Servicio Público de Empleo Estatal dejó de ser capaz de atender las prestaciones por desempleo por sí solo a base de cotizaciones sociales ya en 2008 y hubo que recurrir a los Presupuestos Generales del Estado para obtener fondos adicionales. Esa situación ya está remitiendo. No se debe tanto al repunte del empleo, que existe pero no con la suficiente fuerza como para devolver el equilibrio al SEPE, como por el paso del tiempo, que va dejando sin prestación a un número cada vez mayor de parados de larga duración. En concreto, las transferencias del Estado recibidas por el SEPE se redujeron entre enero y febrero (con respecto a los dos primeros meses de 2014) de 2.433 millones a 1.685 millones. Son 748 millones menos que se ven compensados por una caída del 17,6% en las prestaciones por desempleo. «El número de beneficiarios de la prestación por desempleo se ha reducido hasta finales de febrero un 13,7% en tasa interanual», explica el informe, con una caída del «22,6% en el nivel contributivo» y del 9,3% en el asistencial.
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