Se trata de un clásico muchas veces visto en el ámbito empresarial: David contra Goliat. La pequeña empresa que clama justicia frente a las grandes compañías con un fin muy razonable, pero también salpicado por la búsqueda de notoriedad para poner en valor sus demandas.
Ante este contexto, el Operador Móvil Virtual (OMV) Suop ha presentado esta semana una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra Telefónica, Vodafone y Orange, a los que acusa de una «aparente intervención coordinada» de los precios y de «dificultar» la competencia en el sector móvil.
En declaraciones a SABEMOS, el fundador de Suop, Jaime Pla, ha manifestado que «es muy complicado. La realidad es que es muy difícil que salga adelante la denuncia«. Pero esgrime su justificación en que tienen «derecho a pataleo», y además «nadie podrá decir que no llamamos a las cosas por su nombre, y sobre todo porque también surge de nuestros usuarios cuando ven que no siempre podemos tener ciertos precios».
«Lo que nosotros hemos hecho es simular la fábula de ‘El sastre del Rey’ cuando llega el niño y es el que llama a las cosas por su nombre», asegura el responsable de Suop. «Cuando se liberalizó el sector en 2006 eran tres grandes, hemos recorrido un largo camino, y el poder vuelve a caer en el oligopolio de tres con un 90% de cuota de mercado, y con mensajes que van llegando de subidas de precio». Por eso cree que «la situación vuelve al punto de partida».
En cuanto a la denuncia, sobre la que Jaime Pla confiesa tener solo un «optimismo moderado», el OMV advierte de una «posible infracción» de la Ley de Defensa de la Competencia por conductas «colusorias», «abuso» de posición dominante y «falseamiento» de la libre competencia por «actos desleales».
Suop mantiene que la llegada de los operadores virtuales supuso una bajada real de precios en el sector, pero que todo eso ha caído en el olvido. Así, la creciente concentración del sector, la reducción de competencia real y la falta de una regulación «adecuada» están provocando una aparente «intervención coordinada en los precios».
Ante esta situación, y a falta de saber cómo resolverá la CNMC, lo que sí es cierto es que las tres grandes compañías que operan en España: Telefónica, Vodafone y Orange, históricamente se han visto envueltas en toda clase de problemas con respecto a la competencia, los sistemas regulatorios, y también otras cuestiones como la protección de datos.
Tarifa plana de denuncias y 1 GB de sanciones
El sector de las telecomunicaciones, como cualquier otro que esté regulado, es decir, que se someta a la vigilancia de organismos para que todo se cumpla con excepcional orden, tiene un estricto control para que ninguna empresa, sea cual sea su tamaño, pueda imponer su fuerza. ¿Pero qué sucede cuando los organismos no llegan donde a otros les gustaría? Simple. Que son las demás empresas las que “ponen el grito en el cielo”, como en este caso Suop, y denuncian ante el regulador.
Para abordar un resumen histórico de algunas de esas acciones, vamos a tomar 2005 como año de partida, donde Orange asoma la cabeza por España, Vodafone ya está asentada, y Telefónica mira a ambas con recelo.
Hay que precisar que muchas de estas sanciones son recurridas, desestimadas, o sus procesos se hacen eternos y duran hasta la actualidad.
Sanciones, multas y advertencias
Como se ha señalado anteriormente, el sector de las telecomunicaciones se mueve sobre línea muy fina en lo que a competencia se refiere. Así pues, a principios de julio de 2007 la primera que se llevó un golpe, además llegado desde Europa, fue Telefónica. La Comisión Europea le impuso una multa de 151,8 millones de euros por un abuso «muy grave» de posición dominante en el mercado español de internet de alta velocidad. Se trataba, por aquel entonces, de la sanción más alta impuesta por el ejecutivo comunitario a un operador de telecomunicaciones. Por el momento el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantiene la sansción.
Pero muy pronto Telefónica encontraría “más amigos” en el camino. De hecho, de forma compartida, en julio de ese mismo año la Consejería de Consumo de la Comunidad de Madrid multó con 905.000 euros a Vodafone y con 611.000 euros a la compañía ‘azul’ por modificar de forma unilateral los contratos de más de 20 millones de clientes.
Como no podía ser de otra manera, Orange no tardó en sumarse a la fiesta, y en mayo de 2010 fue cuando hace su irrupción en este curioso escenario. Apenas son 60.000 euros, pero el asunto de la protección de datos se muestra como uno de los grandes problemas, ya que poco más un año después Vodafone recibe una sanción similar por el mismo motivo. Además, en ese año se inicia otro de los grandes problemas que han acompañado a los operadores de telefonía: las portabilidades. Así, la compañía de origen británico recibe una multa de 250.000 euros por no facilitar a los usuarios el cambio de compañía.
Mientras, Telefónica, viajaba por otros derroteros en los que, lógicamente, su gran preocupación era que sus dos rivales no crecieran. Así, llegan sanciones de todo tipo: por dificultar el acceso mayorista, impedir lanzar ADSL sin cuota de línea, o banda ancha sin voz… A finales de 2011 el mapa de las telecomunicaciones en España estaba dibujado: uno pretendía seguir siendo el más grande, y los otros dos, a medida que aumentaban de tamaño no querían perderlo.
Una de las multas más cuantiosas sigue adelante, y por el momento ha sido confirmada a Orange
Aunque sin duda el colofón a todo esto llegaría en diciembre de 2012 cuanto la ya extinguida Comisión Nacional de la Competencia (CNC) impuso una sanción récord de 120 millones de euros a Telefónica, Vodafone y Orange por abusar de su posición de dominio en los mercados mayoristas de los mensajes cortos (SMS) en la telefonía móvil. Quedaba retratado un oligopolio que en parte fue destruido gracias a la llegada de los operadores móviles virtuales y la propia presión que ejerció sobre ellos. En este caso, la multa a Orange ha sido confirmada por el Supremo. Los otros dos casos están aún sustanciándose en la Audiencia Nacional.
Con todo esto, las acciones del regulador, así como de los organismos competentes, no se detuvo en ningún momento. En cuanto a Telefónica, durante 2013 tuvo sanciones relacionadas con la fibra óptica, y también a nivel internacional, aunque influyendo en suelo español, como el acuerdo con Portugal Telecom para no competir entre sí en ambos países. Pero no estaba sola. Orange empieza con sus problemas en la portabilidad, que le suponen sanciones de hasta 550.000 euros, y Vodafone también, con una multa que se eleva hasta los 600.000 euros, añadiendo problemas en lo referente a la protección de datos.
Por si nada de esto fuera suficiente, los problemas que flirtean con la legalidad por parte de los operadores llegan hasta nuestros días en cualquier expresión. Así, en el verano pasado Orange fue multada por no comunicar correctamente la compra del OMV Simyo. Mientras, Telefónica ha recibido reciente una sanción por motivos dobles que se eleva hasta los 500.000 euros, y Vodafone ha sido cazada y multada con hasta 3,1 millones de euros por cuestiones de roaming.
Los «chivatos»
Si el regulador no entra de oficio, para eso están los departamentos legales de los operadores. Curiosamente el primero en abrir esa lata fue Telefónica en el año 2006, cuando hizo una macrodenuncia contra todos sus rivales con el argumento de que le estaban robando sus clientes. Ante esto, un par de años después, Vodafone contraataco con una denuncia a Telefónica que rozaba lo ilógico llegando a pedir más de 600 millones de euros por daños y perjuicios cuando ésta llego al mercado.
Hubo que esperar un tiempo, y nuevamente lo curioso es que fuese la compañía presidida por César Alierta, la que en 2010 denunció a ONO por publicitar falsamente la fibra óptica. Y así llegamos hasta un periodo más reciente, en el que tanto Vodafone y Orange, con constantes denuncias, unas veces con la ley de por medio, y otras en forma de queja ante los medios de comunicación, muestran su malestar sobre todo contra Telefónica.
De este modo tenemos a “los rojos” quejándose por la fibra de Telefónica y Jazztel, y a “los naranjas” por los acuerdos de Telefónica, también, junto a Yoigo, en este caso por la compartición de infraestructuras. Aunque de forma más reciente podemos hacernos eco de la denuncia con respecto a la televisión, la migración de clientes del ADSL a la fibra… y todo contra Telefónica.
Con este panorama en el sector de las telecomunicaciones en los últimos 10 años, surgen muchas preguntas. ¿Ha sido siempre justo el regulador?, ¿se podría haber luchado más por el interés de los usuarios?, ¿qué pasaría si no hubiera organismos vigilando todo esto?, ¿puede una compañía que recibe más de una docena se sanciones en una década denunciar a otra?
Imagen | Flickr – Michael Cohlan
