Víctor Madera, llamado el ‘ministro en la sombra del PP’, es el hombre del fondo CVC para España y la mano que gobierna el grupo Quirónsalud, la mayor empresa sanitaria de nuestro país. Tiene ya más de 70 centros hospitalarios, lo que le convierte, por sí sólo, en el mayor sistema sanitario de nuestro país, muy por encima del servicio andaluz de salud, con algo menos de 60 centros.
El objetivo de su compañía está claro: alcanzar una posición de cuasimonopolio en la sanidad privada española. Para ello, ha contado con el apoyo inagotable del PP. Le apoyaron Esperanza Aguirre y, sobre todo, Ignacio González, y ni siquiera Cristina Cifuentes ha aflojado en su respaldo. Por más que toda la oposición ha aprobado una proposición no de ley en la que le emplazan a negociar la salida de Madera del hospital de Collado-Villalba, un disparate desde el punto de vista de la gestión, Cifuentes sigue decidida a seguir dando la cara por un directivo clave para el PP.
El problema es que el Partido Popular no pudo cumplir todas sus promesas a este fondo y la acción de los tribunales paralizó la privatización de seis hospitales madrileños, una jugada para la que Madera había reservado cuantiosas inversiones. Aunque el Constitucional daría finalmente la razón al PP, el resultado de las últimas elecciones municipales y autonómicas y el bloqueo por parte de Ciudadanos, socio en la investidura, a cualquier privatización adicional, impidieron que se produjese la rendición a Quirónsalud de dichos centros.
Ahí fue donde se pusieron en marcha los poderes fácticos del PP, empeñados en conseguir que Quirónsalud recuperase la ilusión por invertir. No pudieron darle “sus” hospitales, pero sí pudieron compensarle: forzaron la mano de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y especialmente del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, para que se pusiesen de su perfil y se aprobase, en contra de criterios técnicos, la venta de tres sociedades de prevención laboral de las Mutuas a Quirónsalud a precios que estaban muy por debajo de los de mercado.
Si la compañía de Madera se hizo con las sociedades de prevención de Fremap (Premap), Muprespa (Fraterprevención), Mutua Universal (Unipresalud) y MC Mutual (MC Prevención), fuentes próximas a las negociaciones confirmaron a SABEMOS que sólo en el caso de la sociedad de prevención de una de estas mutuas, Fraterprevención, las cosas se hicieron con limpieza.
Cabe preguntarse qué motivos hubo para que se aceptase la venta a precios por debajo de mercado por parte de las Mutuas a Quirónsalud, una compañía que no va a ser capaz de mantener el empleo y que, de hecho, utilizará las sinergias para cerrar centros redundantes dentro de un año, dejando a cientos de personas en la calle. Muy sencillo: si a los directivos de las mutuas se les puso un límite de retribución de 210.000 euros al año, las sociedades de prevención pueden pagar lo que gusten. Así, en algunos casos lo importante no era el importe de la venta, que estaba destinado en cualquier caso a enjugar la deuda de las mutuas con la Seguridad Social: era garantizar la seguridad económica y prebendas de sus directivos.
Otra prueba de que Tomás Burgos y su equipo no tenían nada claras las tres operaciones es que tardaron mucho en dar el visto bueno. Se aprobaron, retroactivamente, después del plazo que fijaba la normativa, y en contra de la opinión de muchos en el seno del Ministerio. Ante el miedo a que la operación fuese analizada con demasiado cuidado, se decidió trasladar la patata caliente a un organismo supuestamente independiente como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), pero que desde su reformulación atiende mucho más que antes a los intereses del partido en el gobierno.
Según las fuentes consultadas por SABEMOS, tanta precaución era sólo una forma de teñir de legitimidad las operaciones. Sin embargo la CNMC no entraba a discutir el precio, sólo si eran o no dañinas para la competencia. Y lo hacían, para colmo, con los datos ofrecidos por Quirónsalud, que no eran todo lo precisos que hubieran debido ser. Burgos, conocido por haber falsificado su curriculum atribuyéndose una carrera de Medicina, intentaba ahora validar una serie de operaciones de difícil legitimidad.
Un ejemplo es la venta de la sociedad de prevención de Mutua Universal, una operación por 14 millones de euros a pagar en dos plazos. El primero de inmediato, por 6 millones de euros, y el segundo, de 8 millones, que se abonará cuando se vendan los inmuebles de la compañía, coincidiendo con el cierre de las clínicas que no presten ya servicio, lo que implica que no tendrán costes. Pues bien, al menos había dos ofertas mejores: una del grupo SSG, por más de 20 millones y, lo que es peor, una de los propios trabajadores del grupo, que se ofrecieron, con el apoyo de un fondo, a pagar un euro más que cualquier oferta que se presentase para garantizar así los puestos de trabajo. Pero los empleos no importaban, sólo garantizar que Madera controlase la prevención y compensarle, así, por los hospitales nunca adjudicados.
Desde la Secretaría de Estado se han limitado a señalar a SABEMOS que Burgos no participó en ninguna de las decisiones sobre adjudicaciones, al ser operaciones entre entidades privadas, y que su única misión era «velar por el cumplimiento de los requisitos legales del proceso y porque el interés público quedara garantizado». Y ahí, precisamente, es donde surgen las dudas.
