Dentro de la inmensa bolsa de empleo sumergido que existe en España (equivalente a un 11% del PIB), el fraude a la Seguridad Social es una de las variantes más caras para el contribuyente. Desde 2013 hasta ahora solo se han destapado 401 millones de euros ocultos al Estado.
Entre 2012 y 2014 los inspectores de Trabajo y la Seguridad Social han anulado un total de 103.238 altas ficticias o contratos de trabajo falsos en empresas ficticias, empresas sin actividad creadas con el objeto de facilitar el acceso fraudulento a prestaciones. Es decir, que de media cada día se han destapado 94 contrataciones fraudulentas cuya única razón era el cobro de prestaciones para los parados.
Son datos que ha dado este martes el Gobierno en una respuesta parlamentaria en la que además cifra en 252.822 los empleos que durante estos últimos tres años permanecían sumergidos y han sido aflorados. También se han destapado fraudes en cuanto a la temporalidad real de los contratos, lo que ha permitido a las autoridades laborales transformar 115.747 empleos que eran temporales en indefinidos.
Este fraude al sistema público de protección se basa en la idea de crear una empresa que no tenga una actividad real y a su vez contratar así a empleados que no son tales, de forma que generan derecho a percibir ayudas y prestaciones públicas. «Obviamente el empleo irregular en muchas ocasiones se favorece, cuando no se alienta, desde la economía sumergida o irregular; este es un hecho cierto que resulta acreditado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando detecta una fábrica o un taller clandestino en los que ni la empresa ni los trabajadores están registrados en la Seguridad Social y en la Agencia Tributaria o Hacienda Forales permaneciendo invisibles para la sociedad en su conjunto y para sus autoridades», señala el Ejecutivo en su respuesta por escrito.
Otros problemas relacionados con el fraude laboral son las conocidas como «infracotizaciones». El empresario que comete esta infracción emplea a sus trabajadores más horas de las que le tiene asegurado, de forma que no solo se genera una desprotección para el trabajador, sino un fraude para la caja común, ya que no se aportan las cantidades que legalmente debieran destinarse.
Los falsos autónomos, un mundo por explorar
Las grandes cifras del fraude laboral aflorado para evitar los empleos ficticios no tienen parangón con las que luchan concretamente contra los llamados falsos autónomos. Son aquellos teóricos empleados por cuenta propia sometidos a explotación por parte de un solo empleador, que les convierte así, de facto, en empleados por cuenta ajena. Es decir, son asalariados por cuenta ajena que sin embargo han de correr ellos con los gastos de IRPF o las cotizaciones sociales.
A pesar de que desde 2009 es una de las prioridades del Ministerio de Empleo, las cifras de lucha contra los falsos autónomos no son tan espectaculares: Desde la aprobación del llamado Plan de Lucha contra el empleo irregular (abril de 2012) se han registrado tan solo 4.067 actuaciones inspectoras, que ha permitido aflorar en los últimos tres años unos 2.372 empleos.
Otro de los fraudes más comunes es el de los falsos empleos a jornada parcial. Es decir, que en realidad son empleos de jornada completa, pero cuyo empleador sólo cotiza por un número determinado de horas. En esta modalidad se han conseguido aflorar 3.395 empleos cuya verdadera naturaleza permanecía oculta a las autoridades.
Un 11% del PIB oculto
Los cálculos del Consejo Empresarial para la Competitividad estiman que el peso del empleo sumergido en España alcanza el 11% del PIB, lo que supone un valor anual en el entorno de los 110.000 millones de euros. En opinión de este organismo, la lucha contra este fraude podría suponer la afloración de hasta 800.000 empleos. Es decir, unos 3,6 puntos porcentuales menos de tasa de desempleo.
En países del entorno, como Francia (6,2%) o Alemania (7,9%), los porcentajes de empleo sumergido se mantienen por debajo de España. Las actividades delictivas, la imposibilidad material de llevar a cabo la actividad económica dentro de los límites regulatorios o la existencia de un salario mínimo percibido como demasiado alto son algunas de las causas detrás de este empleo al margen de la legislación laboral.
