“Veo algunas cosas que pueden ser interpretadas como defensa de las entidades españolas y yo me tengo que partir la cara en el Supervisory Board [organismo de supervisión del BCE] y ya decidiré por cuáles me parto la cara. Pero por muchas no me voy a partir la cara y, señores, se acabó el defender a la banca española. Ese espíritu tiene que desaparecer. Tenemos que ser justos”.
Esto es lo que la nueva subgobernadora del Banco de España (BdeE), Margarita Delgado, les dijo a los inspectores de la entidad central en una reunión celebrada recientemente y que con toda seguridad no hubiera querido que se oyera ni se viese en los medios. Pero alguno de los reunidos grabó la intervención de la número dos del banco emisor y la envió a la cadena SER que, lógicamente, la difundió.
Desde el BdeE han expresado su malestar por la “deslealtad” del funcionario, aunque parece que no han precisado a qué se refería la señora Delgado cuando dijo “se acabó el defender a la banca española. Ese espíritu tiene que desaparecer. Tenemos que ser justos”. Pero nos lo imaginamos. El que tendría que ser el banco de los ciudadanos, que son sus propietarios y sufragan su mantenimiento, resulta que, según dice number two, solo defiende a los bancos de sus clientes y no a los clientes de sus bancos, como debería ser. Cobra por tanto mayor significado lo que dice Delgado, eso de “tenemos que ser justos”.
Y esto se producía pocos días antes de que se diera a público conocimiento la sentencia que se dictó desde el Tribunal Supremo por la que se “condena” a los bancos a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados sobre las hipotecas que, hasta ahora, pagaban los clientes. Pero el alborozo popular duró poco, como siempre que median los intereses de la banca. Instantes después de que tres cuartas partes de los españoles comenzaran a preparar las reclamaciones ante sus entidades, desde el Supremo comenzaron a lanzarse mensajes o trozos de mensajes, medias declaraciones, chau chaus que parecían dar a entender que el más alto tribunal iba a rectificar el criterio expresado en la sentencia dictada por la Sala III.
La escandalera creada al lanzar ese sí pero no fue tan monumental que muy pocos fenómenos han alcanzado tal categoría, y no ya de malestar, sino de cabreo del respetable.
Asesinar a un toro
Quizás solo comparable a la que organizó el diestro (poco diestro en algunas ocasiones) Joaquín Rodríguez Ortega, llamado Cagancho, el 25 de agosto de 1927 en la plaza de Almagro. Ese día, como otros días, el maestro quizás no estaba mucho en sí mismo, ya que a la hora de matar dos de sus tres astados les tiró tantos viajes con la espada, a lo que sumaron sus armas dos de su cuadrilla, que se llegó a decir que “a ese toro no lo han matado, lo han asesinado”. La Guardia Civil evacuó al ¡matador!, protegiéndole de los asistentes que le perseguían, vaya usted a saber para qué, aunque nos lo imaginamos.
Para intentar sofocar el revuelo ciudadano ha salido Carlos Lesmes, precisamente presidente del Tribunal Supremo y de su sala de lo Penal, que ha pedido disculpas “a los ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados”. Podría decirse también que ofendidos y maltratados, nuevamente, por unos poderes públicos que a veces se muestran como una Administración contra los ciudadanos y no de los ciudadanos.
¿Cuántas veces han sido pillados los bancos por la Justicia, tanto la española como la comunitaria? Preferentes, multidivisas, swaps, bonos convertibles… y otros cuantos. Y seguimos con los líos de la banca local. En esta edición digital de Diario16 se publicaba el pasado 1 de septiembre lo siguiente, a partir de una información que remitió el despacho jurídico Navas&Cusí que dirige Juan Ignacio Navas, colaborador de D16 en su edición papel: “Más 900.000 hipotecas se encuentran en un ‘limbo jurídico’ por haber sido constituidas con un régimen jurídico no vigente. Se trata de las hipotecas que se firmaron desde que el 21 de marzo de 2016 terminara el plazo de trasposición de la nueva directiva hipotecaria europea. Según el INE, desde abril de 2016 a mayo de 2018 ‒último dato disponible‒ se constituyeron 886.384 hipotecas. A estas hay que sumar las firmadas desde mayo de 2018 y los últimos días del mes de marzo de 2016”.
Desde el despacho de abogados Navas & Cusí, que trata habitualmente con este tipo de casos, se afirma que “todas esas hipotecas tienen vicio de nulidad por haber sido constituidas sin aplicarse el sistema de garantías y protección al consumidor que establece la directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014”, según afirmaba Juan Ignacio Navas, socio y director del citado bufete. La magnitud y cantidad de estos hechos sobrecoge porque lleva a pensar que todo esto ha sucedido en nuestro país, la moderna, democrática y europea España. ¿Almagro 1927?
