La empresa estadounidense Uber ha presentado una denuncia contra España ante la Comisión Europea por haber prohibido su aplicación de servicios de transporte alegando que este veto vulnera las normas comunitarias, según han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía.
El juez de lo Mercantil número 2 de Madrid dictaminó el pasado 9 de diciembre la prohibición en todo el territorio nacional de las actividades de Uber por considerarlas competencia desleal respecto a los servicios de taxi tradicionales. La justicia estimó así las medidas cautelares que reclamaba la Asociación Madrileña del Taxi. La compañía estadounidense suspendió días más tarde su actividad en España.
En el momento de la prohibición, el Ejecutivo comunitario ya avisó a España de que cualquier medida sobre Uber debía respetar los principios de proporcionalidad, no discriminación y libertad de establecimiento. En todo caso, en la actualidad no hay legislación de la UE sobre Uber, por lo que la regulación de los servicios de taxi está en manos de los Estados miembros.
Varios comisarios se reunieron el pasado mes de enero con el consejero delegado de Uber, Travis Talanick, y le transmitieron que su empresa debe respetar las leyes europeas.
Si al examinar la denuncia de Uber constata alguna infracción de la legislación comunitaria, la Comisión podría abrir un expediente contra España.