La Autoridad de la Movilidad y de los Transportes (AMT) de Portugal, el regulador del sector, consideró la plataforma de movilidad urbana Uber «ilegal», el mismo día en el que la española Cabify, similar a Uber, empezó a operar en Lisboa.
El presidente de la AMT, João Carvalho, defendió esta postura en el Parlamento luso, donde recordó que existe una sentencia del pasado año que obliga a Uber a suspender su funcionamiento en el país.
Uber se escuda en seguir operando por un defecto de forma, al alegar que la decisión cautelar portuguesa se dirigió a una entidad jurídica equivocada (a Uber Technologies, con sede en Estados Unidos, y no a Uber Holanda, responsable en Portugal). Aunque el Gobierno luso se opone también a Uber tal y como opera, es el sector de los taxis portugueses (ANTRAL), el que más ha protestado por su funcionamiento, pues considera que es una competencia desleal y denuncia que la plataforma no está sujeta a los impuestos y las normativas de los taxis.
Para Carvalho, presidente de la AMT, es «claro y nítido que Uber está fuera de la ley. O acatamos las decisiones de los tribunales o dejamos de ser un Estado de derecho».
La plataforma Uber, que opera en Portugal desde julio de 2014 -sobre todo, en Lisboa y Oporto- tiene desde hoy una nueva competidora, Cabify, la empresa emergente española de movilidad urbana que ha empezado a prestar servicios en la capital lusa y sus alrededores.
La compañía opera en el país vecino con una flota inicial de 50 vehículos de la categoría Cabify Lite, la gama más económica, con el objetivo de alcanzar los 250 coches a finales de año. Cabify está ya presente en 6 países y 21 ciudades de España, Portugal y Latinoamérica.
