El grupo político de Los Verdes ha acusado a Inditex en un informe de servirse de ingeniería fiscal para reducir la factura que paga cada año en impuestos. España habría dejado de percibir 585 millones de euros entre 2011 y 2014 gracias a las hábiles estrategias tributarias de la propietaria de la marca Zara, aunque la compañía haya asegurado que «cumple escrupulosamente» con las normativas fiscales de los 93 mercados en que está presente”.
Para perfeccionar ese eufemismo que se denomina “optimización fiscal”, siempre según Los Verdes, Inditex ha acudido a viejos conocidos en materia fiscal europea: Irlanda, Suiza y Holanda. Este último país, el de los tulipanes y los petas, es protagonistas de otras maniobras para evitar los impuestos españoles, como las de la familia Matutes; tal y como reveló David Page en SABEMOS, la acaudalada familia balear consiguió cobrar 182 millones de dividendos en los últimos años a través de una sociedad patrimonial en Holanda.
Todo legal pero todo cuestionable. Con el marco regulatorio actual, las empresas tienen derecho a tener sociedades en países con tipos más bajos y desviar parte de su flujo de capitales a países como los que menciona el informe de Los Verdes. Que España reclame parte de esos beneficios vía impuestos sería ilegal, pues en la Unión Europea no se puede gravar una doble imposición en dos países por una misma actividad.
Muchos, como Los Verdes, defienden que las empresas paguen impuestos en los países donde tienen su sede, incluso aunque la mayoría de los ingresos se generen en el exterior y la práctica totalidad de los productos se elabore fuera -dos aspectos que ya están gravados en el exterior también-. Para conseguir que Inditex tribute de manera preferente en España hay dos caminos, y en ambos tiene mucho que ver la armonización entre los socios comunitarios.
Cabe cuestionarse, en primer lugar, si en un espacio económico común pueden convivir diferentes modelos fiscales que provocan indefectiblemente que las empresas acudan a los que tienen unas condiciones más ventajosas. Estas naciones actúan no como paraísos fiscales pero, al menos, sí como resorts de vacaciones fiscales. Quizá sería el momento de apuntarles con el dedo y exigir que un puñado de estados dejen de aprovecharse de todos los europeos.
La otra salida es replicar las condiciones de los países a los que las empresas se van de vacaciones fiscales para evitar estas prácticas. En España la presión fiscal sobre las empresas alcanza un 50% sobre los beneficios, aunque el tipo del impuesto de sociedades fuera en 2014 del 7,35%. Es el séptimo país de la Unión Europea por gravamen a las compañías, así que hay opciones de rebajar la presión fiscal para evitar que las empresas españolas salgan a tributar fuera.
Es una idea simple, la de que una empresa debería pagar los impuestos correspondientes en el país en el que tiene su sede. Tan simple que hasta el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la ha incluido en su agenda, en la que también está bajar los impuestos a los ricos.
De momento, lo que hace la compañía de Amancio Ortega es legal. A Inditex no se le puede exigir que deje de irse de vacaciones fiscales a Holanda, Irlanda y Suiza; pero al presidente electo de la primera potencia mundial tampoco se le puede exigir que deje de mentir. A ver si después de la posverdad va a llegar la posfiscalidad.
