El grupo Wanda ha respondido de manera favorable a la carta remitida por la alcaldesa, Manuela Carmena, en la que pedía una respuesta en 15 días sobre si mantiene su intención de construir un hotel en el Edificio España, por lo que el Ayuntamiento de Madrid espera que el proyecto se reanude «en breve».
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha hecho este anuncio en la comisión municipal del ramo, donde, a raíz de una pregunta del PP, ha insistido en que «no han hecho falta entreguismos ni cambios de leyes» para que el grupo Wanda acepte las condiciones del Ayuntamiento de mantener la fachada del edificio.
El Ayuntamiento de Madrid negociaba de nuevo con el grupo chino para que no renunciase a construir un hotel en el emblemático rascacielos ubicado en la céntrica Plaza de España de la capital, un proyecto que sigue adelante -tras semanas de incertidumbres- después de que el grupo inversor haya pedido al Ayuntamiento un escrito con todos los trámites necesarios para seguir las obras.
La multinacional confirmó a la alcaldesa a principios de marzo su intención de quedarse en Madrid y desarrollar su proyecto para el edificio España, después de semanas de especulaciones sobre el posible abandono del proyecto, motivadas en parte por el cierre de la sede del grupo chino en la capital española.
Desde entonces, el Ayuntamiento y Wanda acordaron abrir una «nueva» negociación para abordar los desencuentros, principalmente la disputa sobre la protección del edificio: la empresa quería desmontar la fachada de poniente y los laterales y luego reconstruirla mientras que la corporación exigía mantenerla intacta por su valor histórico y simbólico para la ciudad.
El equipo de Gobierno de Ahora Madrid siempre ha mantenido que Wanda compró el edificio en el verano de 2014 -con el objetivo de poner en marcha un hotel, un centro comercial y viviendas- a sabiendas de que el inmueble estaba entonces protegido con un nivel 3 parcial por su valor histórico-artístico, lo que impedía tirarlo abajo.
Poco después, la Comisión local de patrimonio histórico -en la que participan la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid- accedió a rebajar su blindaje para favorecer la puesta en valor de un edificio muy degradado debido a su inactividad -está desocupado desde hace años-, pero obligando a respetar la fachada.