Se cumple el patrón previsto. El próximo 15 de octubre el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, tendrá que declarar como imputado por la consulta del 9-N. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le ha citado dentro de la causa que investiga por desobediencia al convocar la consulta alternativa a pesar de que había sido suspendida de manera cautelar por el Tribunal Constitucional y llama también a la ex vicepresidenta Joana Ortega y a la ex consellera de Educación Irene Rigau, aunque ellos deberán comparecer el 13 de octubre. La providencia llega dos días después de las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña.
El TSJC admitió a trámite el 22 de diciembre la querella interpuesta por la Fiscalía al considerar que la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional no fue acatada por los querellados y causó efectos irreversibles.
Según fuentes jurídicas, la idea del instructor era esperar a que se celebrasen los comicios del domingo para no presentarle como “una víctima” y la imputación pudiera ser utilizada como un “arma electoral”. No es la primera vez que unas elecciones marcan una citación. En el caso de los ERE, el Tribunal Supremo aplazó las declaraciones de los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán hasta que se hubieron celebrado las elecciones andaluzas.
El propio Mas dijo antes los periodistas el pasado lunes que creía que su citación era “inevitable”. El todavía presidente en funciones está aforado y seguirá así aunque deje de ser presidente al haber resultado elegido diputado autonómico. Fue el fiscal jefe catalán –pese a estar en desacuerdo-, quien presentó la querella a instancias de la Fiscalía General del Estado por desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso. La sala del TSJC admitió a trámite esa querella junto al resto presentadas por diferentes asociaciones y colectivos. El instructor ha tomado ya declaración a varios funcionarios en calidad de testigos en orden a explicar las reuniones que se celebraron en Educación y que llevaron a que los colegios estuvieran abiertos el 9-N, con urnas y voluntarios trabajando en las instalaciones, a pesar de la suspensión de la consulta por el Tribunal Constitucional.
