Adigital dice que las plataformas de alquiler cumplen con la legislación vigente, después de las sanciones en Cataluña y el expediente en Comunidad Valenciana.
Hace año y medio la Generalitat de Cataluña imponía una multa de 30.000 euros al gigante Airbnb por incluir en su plataforma apartamentos de alquiler sin el preceptivo número de registro. El pasado diciembre el Ayuntamiento de Barcelona imponía sendas sanciones de 60.000 euros a Airbnb y a su gran rival Homeaway por el mismo motivo.
La última Administración en sumarse a la batalla contra el alquiler online ha sido Generalitat de la Comunidad Valenciana. La Agencia Valenciana de Turismo (AVT) ha abierto un total de 24 expedientes a ocho plataformas online de alquiler de viviendas para uso turístico (a razón de tres por cada empresa, uno por cada provincia de la comunidad) por incluir en sus webs apartamentos sin el preceptivo número de inscripción en el Registro de Empresas. Las plataformas que serán investigadas por la Generalitat son de nuevo Airbnb y Homeaway, y también Niumba, Booking.com, Onlyapartments, Mil Anuncios, Fotocasa y Muchosol.
Y el sector online se revuelve ante la ofensiva. La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) reclama a las Administraciones que “no se obstaculice la innovación y el desarrollo de modelos que se están convirtiendo en tendencias globales, que benefician al turismo y que son demandados por los consumidores”.
Según la patronal digital, las plataformas del alquiler online cumplen con la legislación vigente, en referencia a la Directiva de Comercio Electrónico yla Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), así como con la normativa en materia de protección de datos.
Sin embargo, algunas comunidades autónomas ya han regulado la actividad del alquiler de pisos de uso turístico y en las normativas exigen requisitos específicos. En este sentido, Adigital, que agrupa a más de 500 compañías de la economía digital, considera que “exigir que las plataformas de alojamientos y viviendas turísticas realicen tareas de monitorización y revisión previa de los contenidos producidos por sus usuarios contradice claramente la normativa de comercio electrónico”.
“Es necesario el estímulo de la libre competencia y la innovación, apoyando estos nuevos modelos que brindan más alternativas y una oferta complementaria a los usuarios”, subraya la patronal en un comunicado. Y es por ello que Adigital pide que se abran vías de colaboración entre el sector público y el privado para el logro de “una mayor seguridad jurídica y un marco legal que favorezca el desarrollo de una actividad que beneficia a España y a sus comunidades como destino turístico, con pleno respeto al marco legal y competencial vigente”.
