El fenómeno de los candidatos con causas judiciales abiertas afecta por igual a los partidos mayoritarios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Para muchos, es éste un paso atrás en la lucha contra la corrupción en el mundo político.
El compromiso de los partidos mayoritarios de mantener sus candidaturas limpias de corrupción se ha quedado en un simple eslogan electoral. Ninguna fuerza política con responsabilidades en los gobiernos municipales lo cumple, pese a que presumían de lo contrario. En total, más de un centenar de políticos que se presentan a los comicios para ser elegidos alcaldes o concejales el próximo día 24 de mayo son mirados con lupa por los tribunales de Justicia, según los cálculos de varias asociaciones y colectivos que enarbolan la bandera de la lucha contra la corrupción.
El Partido Popular intenta moverse deprisa para que le salpique lo menos posible el escándalo protagonizado por Alfonso Rus, pillado in fraganti en una grabación mientras, supuestamente, contaba el dinero cobrado por una comisión ilegal. Los populares tratan de evitar a toda costa que Rus, presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Xátiva, se presente a la reelección.
Sin embargo, el principal partido del país no ha sido tan diligente en otros casos de corrupción y en sus listas aparecen decenas de candidatos con causas judiciales abiertas en los tribunales.
Visto lo visto, la realidad ha terminado por quitar la razón al vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, que a finales del año pasado no tuvo empacho en anunciar a bombo y platillo que “la gente imputada en asuntos de corrupción no iba a ir en las listas” de su partido.
Más prudente que Floriano fue el presidente del partido, Mariano Rajoy, que al ser preguntado hace poco más de un mes por la cuestión intentó quitar hierro al asunto con el argumento de que “hay imputaciones e imputaciones”. La imputación, dijo entonces el jefe del Ejecutivo, no significa condena. Y por ese motivo, los populares se han encargado de revisar caso por caso y han aceptado, finalmente, un buen número de imputados en sus candidaturas.
Los ejemplos de imputados en las listas del PP son numerosos, sobre todo, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. En la Comunidad de Madrid, la presidenta el partido, Esperanza Aguirre, se movió a toda velocidad y rectificó su primera decisión de apostar por un triple imputado como cabeza de listas en el Ayuntamiento de Navalcarnero.
Los dos casos más paradigmáticos que afectan al PP son los de Juan José Imbroda y Francisco Javier León de la Riva, cabezas de lista en las elecciones de Melilla y Valladolid, respectivamente. El primero de ellos es investigado por el Tribunal Supremo por un supuesto delito de prevaricación en la contratación irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma. El segundo está acusado de desobedecer una decisión judicial para demoler obras ilegales en su ático en el centro de Valladolid.
PSOE y PP, en el mismo saco
Lo que en el fondo demuestra esta forma de actuar de los populares es que permiten la inclusión de imputados en sus listas en tanto y cuanto no haya apertura de juicio oral. En eso el PP coincide con el PSOE. Porque no hay que olvidar que los socialistas también tienen a su propio Imbroda o León de la Riva. Se trata del alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, que fue designado candidato a la reelección al no tener rival en el proceso de primarias. Navarro está imputado a raíz de una denuncia en la que se le acusa de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Un caso parecido ocurre en Lugo, donde el candidato a la reelección, el socialista José López Orozco, hace frente a una investigación judicial por cohecho y tráfico de influencias.
Lo curioso del PSOE es que a finales de año pasado firmó un convenio con la organización Transparencia Internacional España por el que se comprometió a no incluir en sus listas electorales a procesados por corrupción o imputados con “indicios sólidos de delito”. Es, precisamente, en ese entrecomillado donde está el quid de la cuestión. Los socialistas, juez y parte en este asunto, consideran que no existen “indicios sólidos” de delito en los comportamientos de los alcaldes de Benidorm y Lugo, y por lo tanto aceptaron su inclusión de las listas como candidatos a la reelección.
Tampoco deja de ser chocante lo ocurrido en el PSOE andaluz. La presidenta de la Junta en funciones y candidata a repetir mandado si es investida en próximas fechas, Susana Díaz, hizo campaña electoral con el compromiso de no llevar imputados en las listas. Efectivamente, no hubo candidatos electos con causas abiertas al Parlamento andaluz. Sin embargo, no ocurre lo mismo en las elecciones municipales. Se han registrado, al menos, once imputados en las listas del PSOE-A: el cabeza de cartel y otros cinco candidatos en Granada, el número uno de la lista de Albox, el de Estepona, el de Manilva, el de Fuente de Piedra y el de Almogía.
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