Desde los distintos sectores que provocaron la crisis del Popular se ha intentado vender que la llegada de Emilio Saracho a la presidencia de la entidad fue una balsa de aceite. Sin embargo, y a parte de las contradicciones en las que ha caído el presidente que llevó a la sexta entidad financiera a la inviabilidad, la realidad fue otra. Hubo varios consejeros que se opusieron a las condiciones impuestas por Saracho, tal y como se puede comprobar en el acta del día 1 de diciembre de 2016. En concreto, ese documento afirma lo siguiente:
«Don Jorge Oroviogoicoechea manifiesta que, dada la trascendencia de lo que se vota, que contraviene sus deseos, quiere hacer constar en acta los motivos de su voto […] El 23 de noviembre hubo una reunión informal informativa y que le permitió conocer el punto de vista del resto de los consejeros y saber que un considerable grupo de consejeros independientes y un Consejero dominical también habían sido apartados del proceso y manifestaron su disconformidad al mismo, su malestar y pidieron que se recomenzara todo de nuevo, cosa que no se hizo.
» Posteriormente, el 28 de noviembre fue invitado a una reunión de la Comisión de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa a la que asistieron el resto de consejeros independientes y dominicales. En la citada reunión, se les relató por su presidenta [por Reyes Calderón] el proceso seguido hasta esa fecha, y se informó que habían sido contratados unos head hunters y asesores legales, así como de la composición de una terna de candidatos que se propondría al Consejo de Administración en el proceso de sucesión, así como su trayectoria profesional, cuya valía el Sr. Oroviogoicoechea no cuestiona. Destaca las reticencias manifestadas en dicha reunión por una componente de la citada Comisión sobre el proceso seguido, ya que ella también había sido excluida, y la petición de algunos otros consejeros de incluir nuevos candidatos para que fueran considerados por la Comisión. En aquella reunión se propuso el martes 29 de noviembre, dando solamente el plazo de un día, para recabar la información de los citados candidatos […].
» Durante una sesión extremada larga, se recibieron numerosas comunicaciones de diversos reguladores y autoridades que por su parte fueron percibidas como cierta forma de presión ya que se les instaba a determinados consejeros a ser generosos a la hora de seleccionar al candidato final. […] Ante esta situación, indica [el señor Oroviogoicoechea] que se encontró en la disyuntiva de decidir entre una confrontación y ruptura por el bloqueo en el que se encontraban, con consecuencias gravísimas e impredecibles o votar al único candidato de los consejeros que decidieron comenzar el proceso hace meses para sustituir al presidente, por ello consideró que era mejor la segunda opción en beneficio de la entidad. Asimismo, expresa su sorpresa de que cuando ya habían decidido ceder y realizar a última hora de la noche un Consejo para votar al candidato por los motivos explicados, se descubrió que el candidato no había cerrado sus condiciones económicas ni contractuales y por tanto no se podía realizar el consejo ese día, a pesar de la opinión del regulador y el peligro para la cotización de una posible filtración al tener que posponer el Consejo; así como las posibles consecuencias negativas para la entidad de negociar con alguien que ya ha sido elegido. Concluye diciendo que vota a favor de las propuestas a pesar de no haber podido opinar ni participar en la decisión de sustituir al presidente, ni en el modo, los plazos ni la oportunidad del momento de hacerlo. […] El motivo de su voto es el daño que un bloque puede causar a empleados, accionistas y en general a la institución; y su deseo de restañar las heridas y la división que la forma de llevar el proceso ha causado en el Consejo. Aprovecha para agradecer a don Ángel Ron que haya dado el máximo por el Banco todos estos años, pide su ayuda en estos meses críticos, cosa que no duda».
Como se puede comprobar en este fragmento del acta de la reunión del Consejo de Administración del 1 de diciembre, hubo mucha oposición para que Saracho fuera seleccionado como presidente de la entidad, sobre todo cuando el mismo día en que se había comunicado el relevo de Ángel Ron, aún no se habían cerrado las condiciones económicas del nuevo presidente. Saracho colocó al Popular en una situación límite, incluso cuando no había cerrado su contrato, lo que dejaba en una posición de fuerza para pedir al Consejo lo que le diera la gana como, por ejemplo, la prima de fichaje de 4 millones de euros que iba en contra de lo indicado en los Estatutos del banco.
Por otro lado, la existencia de presiones por parte de «reguladores y autoridades» para que se contratara a Saracho es una confirmación de que había una parte de organismos públicos o de sus representantes que presuntamente estaban al corriente de la operación y eran favorables a ella.
Todos estos movimientos son una demostración más de que el Banco Popular no fue resuelto como consecuencia de la ampliación de capital de 2016 ni del estado de las cuentas, como hay muchos que pretenden hacer ver a los afectados, sino que la caída de la sexta entidad financiera de España fue por la grave crisis de liquidez, no de solvencia, que indican los inspectores del Banco de España. De aquellos barros llegaron esos lodos.
