La líder del PP en Valencia obliga a los concejales investigados por blanqueo a entregar sus actas. La decisión se interpreta como una declaración de guerra abierta contra Rita Barberá.
Batman y Superman no serán los únicos compañeros que se peleen delante de las cámaras esta Semana Santa. Isabel Bonig, presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, remitió ayer una carta a los 9 concejales del PP investigados por blanqueo de dinero para que entreguen sus actas antes de diez días hábiles. La decisión es la primera prueba pública de lo que hasta ahora era un secreto a voces en los círculos políticos y periodísticos: la existencia de una guerra abierta entre la actual dirección de los populares valencianos y Rita Barberá.
En la misiva remitida a los concejales no se especifica cual será la medida disciplinaria que se adopte si no abandonan sus cargos en el ayuntamiento, pero nadie duda que la desobediencia conllevará la expulsión del Partido Popular atendiendo a las fechas escogidas. Y es que, con el calendario laboral en la mano, el ultimátum de 10 días hábiles marcado por Bonig expira el 11 de abril—en la Comunidad Valenciana son festivos este año los días 24 (Jueves Santo), 25 (Viernes Santo), 28 (Lunes de Pascua) y el 4 de abril (San Vicente Ferrer)—tres días antes de la fecha en que se levantará el secreto de sumario sobre la pieza de blanqueo de dinero que el juez instructor separó de la «Operación Taula».
La actual líder del PP busca separar al PP valenciano de los investigados, para gestionar mejor el golpe de imagen que recibirá el partido una vez se conozcan los detalles de una trama en la que ya se ha comprobado la naturalidad con la que hablaban de lo bien que funciona la corrupción política en España.
Asuntos personales
Pero el ultimátum de Bonig no es sólo un tema de partido, es también una cuestión personal. Génova escogió a la política castellonesa el pasado mes de junio para ser la encargada de limpiar la imagen del PPCV e iniciar la pelea por la reconquista de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, diez meses después, el liderazgo de la antigua consellera de urbanismo está en entredicho al no lograr una solución discreta a la crisis en el ayuntamiento de Valencia.
Y no lo ha logrado principalmente por la intervención de Rita Barberá, cuando celebró su primera rueda de prensa tras conocerse las acusaciones de blanqueo de dinero de su grupo municipal, y leyó a los periodistas el punto 8 del artículo 18 de los estatutos del Partido Popular, que estipula, literalmente, que: “en los casos en los que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público”, el Partido sólo puede abrir un expediente disciplinario “en el momento en el que se produzca el señalamiento del juicio oral del procedimiento judicial correspondiente”, y su resolución no puede realizarse hasta que el juez que lleva el proceso dicte sentencia.
La postura de Barberá acabó con cualquier conversación entre los ediles investigados y la dirección que encabeza Bonig, lo que ha dejado muy tocada la imagen de la formalmente líder de los populares valencianos. A pesar de que públicamente Bonig y Barberá siempre han mantenido relaciones cordiales, lo cierto es que llevan tiempo militando en bandos separados del PP.
Disputas familiares
Barberá fue una de las voces más fuertes del partido a la hora de pedir la reinstauración de Francisco Camps como presidente de la Generalitat una vez fue absuelto de cualquier delito en el llamado juicio de los trajes, sin embargo Bonig se mantuvo en el lado del también castellonense Alberto Fabra, designado para sustituir a Camps y a quien acabaría reemplazando en la presidencia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Barberá está en horas bajas y el PP considera amortizada su figura, pero sigue manteniendo algunas lealtades importantes entre los populares de la provincia de Valencia, que huérfanos de figuras de poder tras la caída de Alfonso Rus, recelan del cada vez mayor poder de las agrupaciones castellonenses y alicantinas en detrimento del tradicional dominio de la capital de Turia.
El recuerdo de como la presión mediática obligó a dimitir a un Camps, absuelto después por los tribunales, marca mucho la opinión de los más veteranos del PP valenciano. Bonig, por su parte, agrupa a los llamados renovadores y parece contar con el apoyo de Génova en sus maniobras para purgar del PPCV cualquier imagen de corrupción, pero su incapacidad para zanjar la crisis en el ayuntamiento de Valencia hace que no pocos de los poderes del partido mantengan un perfil bajo a la hora de apoyarla en su lucha con Barberá.
No en vano Bonig puede acabar teniendo un papado corto, y entonces serán los que se agrupan en el lado del Barberá los que acaben decidiendo la balanza a la hora de gestionar el futuro del partido. Los bandos están formados y ya han lanzado su primer golpe en forma de ultimátum. Valencia es el campo de batalla de una guerra civil que no se cerrará del todo hasta que los tribunales sentencien la «Operación Taula» y los populares puedan aclarar quiénes son los vencedores y quiénes los vencidos.
