Las entidades tienen ya en su poder 83.409 millones de euros en activos inmobiliarios adjudicados, de los que el 20,6% (17.182 millones) proceden de viviendas que estaban hipotecadas a hogares.
En esta larga crisis española, para tener oportunidades de negociación con los bancos no ha habido nada mejor que ser promotor inmobiliario o constructor y haberla liado parda durante la burbuja. Haber hecho negocio a crédito desde el suelo al último picaporte, haber caído en el impago desde los primeros momentos de la crisis y no tener mucha pinta de levantar cabeza. Al fin y al cabo, nada ha funcionado tan bien como suponer un agujero en las tripas de la banca de tal envergadura que, antes de reconocer el roto y acabar con el mito de que el lío fue cosa básicamente del desmadre de las cajas de ahorros, los bancos se sentasen a negociar la deuda. Ya saben. Si me debes uno tienes un problema, si me debes cien, el problema es mío.
A finales de 2014, el 44% de los créditos concedidos a constructores y promotores inmobiliarios se había refinanciado, según el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España hecho público ayer. La mayoría de esos créditos están clasificados como de dudoso cobro, son morosos, pero a la banca le ha merecido la pena alargar los plazos durante años en espera de que la coyuntura se dé la vuelta o como poco para manejar los plazos.
Muy diferente es el caso del trato a las familias. Del total del crédito hipotecario a hogares concedido a cierre del año pasado, se ha refinanciado sólo el 8%. Todo esto ocurre a pesar o precisamente porque las familias han sido unas fieles pagadoras de sus deudas, especialmente las que están ligadas a la vivienda, incluso durante los años en que España ha soportado tasas de desempleo por encima del 25%. A finales de 2014, la tasa de morosidad de las familias en créditos para la adquisición de vivienda era del 5,7% sobre el total concedido (5,8% a finales de 2013). En el caso de la financiación a actividades inmobiliarias y construcción, aunque ha bajado en el último ejercicio, el peso del crédito moroso sobre el total sigue siendo más de un tercio (35,6%), según el citado informe.
El problema que no para de crecer
Cuando la cosa ya no da más de sí, el crédito acaba en un proceso de adjudicación, es decir, el banco se queda con la vivienda, el suelo, la promoción a medio terminar, lo que quede en ese momento. Las cifras hechas públicas ayer muestran que, aunque haya indicadores económicos en claro proceso de mejora, el volumen de adjudicados sigue creciendo y se situó a cierre de 2014 en 83.409 millones de euros. La mayoría (38%) no tiene puertas, ni ventanas, ni rellanos. Es simple y llanamente suelo. El 25,3% son edificios terminados. El 20,6% lo constituyen viviendas sobre las que se concedió una hipoteca a una familia. Esto significa que la banca acumula ya un volumen de viviendas procedentes de hipotecas de familias de 17.182 millones de euros. Un 5% de los adjudicados son edificios en construcción y el 11% restante corresponde a otro tipo de activos.
La banca llegó a tener un volumen de activos inmobiliarios adjudicados de alrededor de 100.000 millones de euros a finales de 2012. En junio de 2013 se había reducido a 75.000 millones, no porque de repente encontrasen a quién vender los activos que habían pasado a su propiedad sino porque una cuarta parte había sido transferida al llamado ‘banco malo’, la Sareb. Pero la creación de esta sociedad no limpió toda la parte pocha de la manzana, ni mucho menos, ha seguido creciendo hasta llegar ahora a los citados 83.409 millones.
El porcentaje mayor de los activos inmobiliarios en manos de la banca (38%) no tiene puertas, ni ventanas, ni rellanos. Es simple y llanamente suelo.
Y podía haber sido mucho más. El proceso seguido por la banca para ir retrasando el momento de quedarse con un volumen inasumible de activos depreciados en su balance también ha tenido unos cuantos hitos desde que estalló la burbuja. En marzo de 2012, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió de que la banca española podría estar encubriendo sus cifras reales de morosidad mediante las refinanciaciones. En mayo, el Gobierno aprobaba el Real Decreto conocido como Guindos II, que exigía aumentar las provisiones para cubrir créditos inmobiliarios que estuviesen clasificados como normales y no en las categoría subestándar o en la de dudoso cobro.
En abril de 2013, el Banco de España endureció las condiciones para poder considerar un crédito como normal, obligando antes de septiembre de aquel año a las entidades financieras a reclasificar los créditos concedidos a prestatarios cuyas dificultades no pudiesen ser consideradas como transitorias.
El año pasado fue el primero de toda la crisis en que descendieron las deudas de dudoso cobro del sector privado español con la banca. El crédito moroso se redujo el año pasado en 24.000 millones de euros (un 12,6% menos que un año antes).
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