Facua denuncia diferencias de hasta el 350% en el precio del agua de 28 ciudades españolas. Las empresas llegan a cobrar anualmente 454 euros más por el mismo servicio.
¿Cómo se explica que en Murcia se pague casi treinta euros por 10 m3 de agua y en Valladolid solo once? ¿Quién regula el mercado del abastecimiento? La respuesta es que nadie, o todo el mundo, según como se mire. La brecha geográfica en los precios del agua no tiene que ver con las infraestructuras o la titularidad de las empresas suministradoras, sino que responde arbitrariamente a las decisiones de los ayuntamientos responsables.
Esto es lo que denuncia Facua, la ausencia de una normativa marco que regule una estructura tarifaria común y ponga fin a la volatilidad en el precio del agua. “Hay que tener en consideración el carácter de derecho humano del agua”, señalan desde la organización.
Sólo diez de las 28 ciudades analizadas por Facua han mantenido las tarifas de 2014. En el resto se ha registrado un incremento medio del 0,4% para los contadores de 13mm y del 0,5% en el caso de los de 15 mm. Las diferencias más pronunciadas en el precio del suministro llegan a alcanzar el 349,4% de sobrecoste, lo que supone hasta 453,6 euros más al año por vivienda.
Murcia encabeza la lista de las ciudades más caras, con un precio de 29,35 euros por 10 m3 y contador de 13mm, seguida de Barcelona, con un precio de 23,49 euros, y Cádiz, con 22,98 euros por la misma cantidad. Llama la atención que en los dos primeros casos la titularidad de la compañía encargada del suministro sea mixta y en el caso de Cádiz pública. Sin embargo, Valladolid registra el menor precio en relación al volumen, con un coste de 10,82 euros, independientemente del calibre del contador. En este caso la gestión depende de una empresa privada.
En la misma línea, la diferencia de costes por ciudades se extiende a los contadores de 15 mm, e incluso se acentúa. Alicante toma el relevo en esta categoría con un precio de 48,63 euros por 10 m3, Murcia continúa la tendencia con 29,35 euros y Huelva le pisa los talones con 24,24 euros por el mismo volumen.
Las subidas más espectaculares respecto al año anterior se produjeron en Alicante, con un aumento del 2,4% en el precio mensual, y Barcelona, con un 2,1%, ambas de gestión mixta. Estos incrementos se deben tanto a acuerdos de las empresas suministradoras como a variaciones en los cánones o a la ampliación de la demanda de abastecimiento.
La trampa de los contadores
Alicante, Granada, Madrid, Valencia… Hasta siete ciudades marcan una diferencia de precios entre los contadores de calibre 13 mm y los de 15 mm. Sin embargo, no existe ninguna justificación para dichos incrementos, ya que ambas estructuras son iguales a nivel constructivo y metrológico.
Diferentes organismos ya se pronunciaron al respecto señalando que técnicamente ambas formas de suministro son idénticas. “Los contadores de estos dos diámetros son exactamente iguales y la única diferencia entre ambos corresponde al diámetro de las roscas de conexión”, señalan desde el Canal de Isabel II.
A pesar de todo, se aprecian diferencias de precio significativas entre uno y otro contador dependiendo de las ciudades. Es el caso de Alicante, donde el consumo de 10 m3 con un contador de calibre 13mm asciende a 21,98 euros y el mismo volumen con uno de 15 mm a 48,62 euros. De la misma forma, el gasto medio de los primeros a nivel nacional es de 17,52 euros, frente a los 18,92 euros del segundo modelo.
Carencia normativa
La gestión del suministro a viviendas del agua es labor de los ayuntamientos, que actúan a través de consorcios o mancomunidades y otorgan la concesión de servicios a entidades públicas, privadas o mixtas. Además de los costes derivados de la actividad productiva, cada comunidad puede imponer unos cánones o recargos para sufragar las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento o depuración.
Sin embargo, no existe una normativa genérica que regule aspectos básicos del servicio como las estructuras tarifarias, los procedimientos de aprobación o las condiciones. Desde Facua exigen un marco regulatorio que de seguridad a los consumidores y unas tarifas progresivas, que tengan en cuenta el número de habitantes por inmueble y penalicen los consumos excesivos.
