“Un gobierno a la valenciana”, ese es el mantra favorito de Podemos a la hora de tratar de convencer a Pedro Sánchez de firmar juntos un acuerdo de gobierno.
¿Pero qué tiene de especial la alianza de partidos que gobierna actualmente la Generalitat Valenciana?, ¿qué distingue a ese Gobierno de otros? Y sobre todo: ¿de verdad es el mejor ejemplo que podemos poner de un Gobierno?
El pacto valenciano en lo formal
Si Iglesias se refiere a la estructura de gobierno creada para gobernar la Comunidad Valenciana, hay que señalar que la mayor singularidad del nuevo Gobierno de la Comunitat es que es un tripartito en la práctica que se reduce a bipartito cuando hablamos de su estructura formal. PSOE, Compromís y Podemos firmaron juntos una alianza de Gobierno, pero a la hora de repartir cargos sólo socialistas y nacionalistas entraron en el reparto de carteras.
El ejemplo de este gobierno choca, pues, con las primeras demandas del líder nacional de Podemos, que llegó a anunciar públicamente qué ministerios quería para su partido en un hipotético acuerdo con el PSOE. No obstante también podría encajar si Podemos se reserva el papel que ejerce Compromís en el Gobierno valenciano, mientras son el resto de partidos, los que se necesitan para alcanzar los 176 diputados que conforman la mayoría del Congreso de los Diputados, quienes ejercer de “tercera pata” del Gobierno español. Lo más curioso del asunto es que un pacto de PSOE y Ciudadanos, con un apoyo del PP desde fuera del Gobierno, también sería, en lo formal, un pacto a la valenciana.
El funcionamiento de esta estructura de ‘dos partidos más uno’ funciona de momento estable en Valencia. Pero el veto de Podemos al proyecto de recuperación exprés de Canal 9 el pasado año ya ha demostrado que, en la práctica, quien tiene la sartén en el mango en el parlamento es el que se queda fuera del Gobierno. No tener nada que perder permite a Podemos ser la formación a la que PSOE y Compromís han de esforzarse en convencer si quieren aprobar algo.
Los contenidos del pacto valenciano
El pacto firmado por PSOE, Podemos y Compromís se articula en torno al llamado “Acuerdo del Botánico” [accesible, en valenciano, desde este link]. Un pacto estructurado en cinco áreas que marcan los ejes principales de las políticas de gobierno que desarrollaría el nuevo Gobierno autonómico. Estas áreas incluyen, lógicamente, asuntos relacionados con la realidad valenciana —como es el caso del compromiso a luchar por una nueva financiación autonómica para la Comunidad Valenciana, o alejar el modelo productivo regional del ladrillo y los grandes eventos y cambiarlo hacia una reindustrialización de la autonomía— , pero también incluyen puntos trasladables al ámbito nacional como la creación de nuevas leyes que permitan aumentar la trasparencia e independencia de los órganos jurídicos, la creación de una oficina de lucha contra la corrupción, independiente del Gobierno y con autonomía presupuestaria, o cinco años de moratoria para cualquier ex cargo público antes de entrar a trabajar como directivo en una empresa que haya tenido relación con la función pública que este hubiera desempeñado.
Pero si hay una palabra que defina el pacto esa es “social”. Dos de los cinco puntos que lo conforman están orientas al desarrollo de políticas sociales. El pacto incluye medidas para asegurar necesidades básicas de las familias en apuros económicos, y un importante aumento del gasto público en sanidad y educación. Además se han creado nuevas carteras orientadas en este área como la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Conselleria de Reformas Democráticas—adscrita a la más tradicional de Justicia y Gobernación—, o la de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Que la Conselleria de Sanidad se haya rebautizado como Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, es también toda una declaración de intenciones del Gobierno valenciano.
Las lecciones que deja el pacto valenciano para la política nacional es un acuerdo de gobierno firmado públicamente en un lugar ajeno de la política, una apuesta por convertir la lucha contra la corrupción en uno de los reclamos mediáticos ante el electorado, y el fin inmediato de las políticas de contención de gasto social.
¿Funciona de verdad el pacto a la valenciana?
El pasado enero Mónica Oltra empezó a plantear la ampliación del pacto de Gobierno al considerar que gran parte de los objetivos propuestos se habían alcanzado. Los defensores del actual Gobierno lo ven como una señal de lo bien que funciona. Los detractores, por su parte, consideran que tener que revisar un pacto que se firmó hace menos de un año sólo demuestra lo poco ambicioso que era el documento inicial.
Sea como sea, el ciudadano de a pie de calle no ha tenido que esperar ni un año para empezar a notar los cambios de la nueva política valenciana. Los copagos de medicamento han desaparecido de las farmacias para los jubilados y personas con discapacidad, se han convocado por primera vez en años concursos de empleo público desde la Generalitat Valenciana, y se ha empezado a recuperar el profesorado perdido en el sistema educativo valenciano —aunque aún lejos del nivel de empleo de antes de los recortes—. Las ayudas sociales se han disparado, como en el caso del inicio de curso en el que las familias han recibido hasta 100 euros para la compra de libros escolares.
Los ciudadanos también lo han notado en la subida de algún impuesto, y en la eliminación de algunas exenciones fiscales para rentas altas.
El peligro real de poner a Valencia como ejemplo de gobierno
Los críticos con el Gobierno valenciano consideran que los actuales ocupantes de la Generalitat aún no han resuelto los grandes problemas de la Comunitat y afirman que la continua aparición de escándalos en la gestión del PP valenciano hace parecer más eficiente de lo que es en realidad el tripartito de PSOE, Podemos y Compromís. Razón no les falta, al menos en lo segundo.
Los escándalos del PP, los presentes y los que se anuncian ya que van aparecer, han permitido al gobierno valenciano no pagar peaje por sus propios fallos, como el intento de contratar como gerente de Egevasa al marido de la consellera de Sanidad, o el más reciente escándalo que ha causado la diputada de Compromís de Isaura Navarro, al anunciar su intención de opositar a la única plaza que va a salir concurso de letrada de Les Corts Valencianes —y afirmar que en caso de conseguirla no renunciaría a su plaza de diputada autonómica sino que pediría la excedencia del cargo para volver una vez acabada su carrera política—. Sin embargo los viejos vicios de la política española no son el principal problema que tiene el Gobierno valenciano.
La auténtica espada de Damocles que pende sobre el Gobierno valenciano es que sus mejoras sociales están sufragadas con un dinero que no tiene. Los firmantes del pacto del Botánico heredaron una deuda de más de 40.000 millones de euros, una cantidad a todas luces impagable que pretenden reducir con un nuevo modelo de financiación autonómico —la Comunidad Valenciana es la única autonomía con una economía por debajo de la media española que aporta a Hacienda más de lo que recibe de esta— y utilizando la deuda histórica del Estado con la Comunidad Valenciana para no tener que devolver el dinero del FLA —algo a lo que ya se ha opuesto abiertamente Albert Rivera—.
Dentro de las medidas de presión para conseguir sus objetivos, los presupuestos de 2016 contabilizaron ya el nuevo modelo de financiación, y aumentar en 1.300 millones de euros la transferencia estatal inicialmente prevista. De no conseguir este aumento, la Generalitat Valenciana se verá en serios problemas para mantener esos logros que llevan a Pablo Iglesias a pedir en Madrid un Gobierno a la valenciana.
