La última sentencia que decreta la liquidación de 3 de las autopistas radiales quebradas da la puntilla al rescate que planteó la Administración a las empresas afectadas. No obstante, los intentos de conciliación también han estado lastrados por la incertidumbre política. Esta es la historia de una salida en la carretera que nadie tomó.
Como la fina lluvia primaveral llena de manera imperceptible los charcos de las calles, la quiebra de las autopistas radiales españolas ha sido un problema añadido a la maltrecha economía española durante la crisis. Un contratiempo que bien podría desbordar el charco del déficit.
Las infraestructuras, construidas con arreglo a previsiones de tráfico desbocadas y disparatadas durante el boom económico de principios del milenio, incluyeron en sus contratos una cláusula por la que el Estado tendría que compensar a las empresas concesionarias si no alcanzaban un mínimo de tráfico. Eso es lo que precisamente sucedió y es la situación que el actual Gobierno no ha conseguido reconducir.
Las radiales cuentan con una cláusula por la que el Estado está obligado a pagar a las empresas si no se alcanza un mínimo de tráfico
No obstante, encima de la mesa sí llegó a haber soluciones. El Ministerio de Fomento propuso que la Administración se quedara con las 9 autopistas de peaje radiales y que los acreedores asumieran quitas del 50% de la deuda. Todo ello a cambio de bonos respaldados por el Estado con un cupón del 1% durante 30 años.
Fuentes de la banca, atrapada en varias de estas concesiones, indican a SABEMOS que más que las quitas del 50%, lo que mosqueaba era la escasa rentabilidad de los bonos. Pero más allá del vil metal, la condición clave para que el acuerdo se sostuviera era que ninguna de las 9 radiales entrara en liquidación, de acuerdo con las fuentes consultadas. La reducción del perímetro sería fatal, añaden.
Hasta el momento se había ordenado la liquidación de dos de las nueve radiales, la M-12 del Aeropuerto de Madrid y la AP-36 de Ocaña a La Roda, pero los recursos presentados por el Ejecutivo consiguieron retrasar la ejecución de la sentencia judicial. Sin embargo, las liquidaciones de la R-3, la R-5 y la circunvalación de Alicante han de completarse antes del 1 de octubre y la orden del juez no admite prórroga, incluso aunque el Ejecutivo la recurra.
Los bancos piden que no se liquide ninguna radial para seguir negociando
A tenor de esta resolución, el Gobierno no le puede arañar muchos más segundos al reloj. Entonces, ¿qué hizo con el tiempo que tuvo para negociar?
Contrarreloj
Los recursos judiciales de Fomento fueron una buena herramienta. Mientras el Ejecutivo litigaba para que la cláusula de responsabilidad patrimonial de la Administración no se activara, el Ministerio ganaba tiempo para negociar una salida con los tenedores de deuda de las radiales.
Además se conseguía preservar la integridad del paquete de activos, una condición necesaria para que el acuerdo fuera interesante para los acreedores.
Sin embargo, el tiempo se acabó poniendo en su contra. Para cuando el Gobierno quiso reaccionar ya estaba la campaña del 20D en marcha, y “quién iba a salvar en periodo electoral a más empresas después del rescate de la banca”, destacan desde el sector financiero.
En las concesionarias afectadas se lavan las manos. “La clave de todo era el acuerdo del Gobierno con los bancos para la quita”, dicen. “Son estos los que no han podido llegar a un acuerdo”, concluyen.
Fuentes de Fomento afirman en declaraciones a SABEMOS que era muy difícil llegar a un entendimiento, dado que existía una “amalgama de acreedores” que complicaba las negociaciones.
Foto: Ciralsa
“Fue la banca extranjera la que tuvo una oposición más fuerte, por las condiciones del convenio que se había planteado”, apuntan fuentes del sector consultadas por SABEMOS.
Desde el Ministerio que dirige Ana Pastor indican que las entidades extranjeras tenían motivos para oponerse dado que la solución habría beneficiado más a los bancos nacionales por la existencia de diferencias en los criterios contables. Sin embargo, las fuentes consultadas critican la postura de estos acreedores, pues su exposición a este problema era menor que la de los bancos españoles: “quizá no les debería haber importado tanto”, resumen.
Sea como fuere, el actual estado de campaña constante impide que se tome cualquier decisión polémica y el juego de alianzas para formar un Gobierno podría extender la situación de interinidad hasta las puertas de octubre. Pero, además, el Ejecutivo actual no podría plantear ninguna solución integral.
Fomento argumenta que firmar un acuerdo sobre las radiales desbordaría las atribuciones de un Gobierno en funciones
“Un Gobierno en funciones no podría asumir un contrato de esa naturaleza. Supone una serie de compromisos que trascienden el despacho de los asuntos ordinarios”, argumentan desde Fomento, al tiempo que recuerdan que el gabinete en funciones se tiene que limitar a la ejecución del presupuesto aprobado para el vigente ejercicio.
La incertidumbre política permanece y “va pasando el tiempo”, cuentan desde las empresas afectadas. Mientras tanto la situación sigue cuesta abajo y sin frenos. “Muchos de los bancos se han hartado y se están yendo; están vendiendo su deuda a fondos buitres y hedge funds”, resumen.
Esperanza
Pese a los contratiempos, la solución de aglutinar los activos en una sociedad pública es una salida que aún podría tomarse. Lo que pasa es que cada uno tira del volante en su dirección.
“Esto sigue encima de la mesa, pero está todo en stand by por la incertidumbre política”, detallan las fuentes de la banca. “Está en el congelador”, añaden, pero “hay pocas posibilidades de que vuelva a salir tal y como estaba”. “Tendrá que volver a negociarse, siempre que no entre en liquidación ninguna radial”, aseguran.
El rescate de las radiales con quitas sigue vigente, pero es una opción que está paralizada
“La propuesta sigue encima de la mesa. Las condiciones no han cambiado, incluso pese a que los factores han ido a favor de los acreedores: ha bajado el precio del dinero y ha subido el tráfico. Pero pese a ello, la Administración no tiene ningún problema en mantener las mismas condiciones”, zanjan desde Fomento.
Las fuentes de las concesionarias y del sector consultadas afirman que el rescate de las autopistas con quitas de los acreedores sigue vigente, pero es una opción que está paralizada. Aunque las posiciones estén encontradas, todos hablan de stand by y evitan ponerse catastrofistas. Porque alguna rendija de optimismo todavía queda.
La posibilidad de reactivar esta solución llega cuando el tráfico en las autopistas remonta el vuelo, con un crecimiento del 6% en 2015, según las cifras de la patronal de construcción y concesiones Seopan. Pero la propuesta del Gobierno sigue durmiendo el sueño de los justos, sobre todo porque una solución global desbordaría las competencias de un Ejecutivo en funciones.
De consumarse, la reclamación de las concesionarias y sus acreedores supondría para el Estado asumir una deuda de 5.000 millones de euros, según los cálculos de Seopan.
Foto: Flickr – Antonio Tajuelo
Pase lo que pase, la mayoría de los afectados ya han destinado parte de sus ingresos de los últimos años a provisiones, por si la la responsabilidad patrimonial de la Administración no se activa. Pero desde las empresas con participación en las radiales dan por sentado que tienen derecho a cobrar esa indemnización a la que estaría obligado el Estado, aunque el Gobierno haya tratado de impedir que la factura llegara a materializarse.
“Lo único que pediremos es que se cumpla la ley, que se cumpla lo que dicen los contratos, que son iguales para todos”, subrayan en las empresas afectadas. Eso sí, conceden que la actual “es una situación a la que nadie querría haber llegado”.
“Cuanto más pasa el tiempo, menos margen hay para llegar a un acuerdo”, subrayan las fuentes del sector consultadas. El reloj sigue contando y se parará en octubre. O no.
La sentencia judicial podría no ser tan definitiva, según las fuentes de Fomento consultadas. Desde el Ministerio consideran que el blindaje de la sentencia contra posibles suspensiones por recursos de la Administración es una opinión del juez que el departamento no comparte. En Fomento tienen “bastante confianza” en que el proceso de liquidación se pueda suspender a la espera de la resolución de su recurso, así que todavía habría algo de esperanza.
Si finalmente se mantiene el criterio de la sentencia, el nuevo Gobierno -si lo hay- tiene hasta octubre para asumir el pago del peaje de las autopistas radiales. Si la Administración no paga para quedarse con los activos, las empresas echarán el cierre y bajarán la barrera de las que habrán sido las autopistas más costosas de la historia de España.
Foto principal: Flickr – Jorge Franganillo
